Es favorable la acción de inconstitucionalidad contra la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, ya que esa no es una verdadera Ley de Aguas, consideró Enrique Uribarren, presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental.
Afirmó que tarde o temprano la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debe de pronunciar contra esta ley que está vigente y derogarla para obligar a la Legislatura a legislar sobre una verdadera ley de aguas estatal.
«En lo personal diría que hoy son dos graves escollos que tiene que solventar esta ley, y particularmente ojalá que eventualmente la Suprema Corte se pronuncie por el que se tenga que derogar esta ley de prestación de servicios, y se abra la oportunidad a que realmente se haga una genuina ley de aguas, para el estado de Querétaro», informó el presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental.
Destacó que la actual ley solo toca una parte muy pequeña de todo lo que debe de contener una Ley de Aguas, se enfoca a unos temas muy específicos como la distribución, pero no contempla la preservación del recurso, la explotación de los mantos acuíferos con responsabilidad y otros temas fundamentales que están dejando afuera.