Tanto la DDHQ como la CNDH tienen 30 días naturales a partir de la publicación de la ley para ejercer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
El equipo legal del museo ciudadano “Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro” identificó disposiciones contrarias a las obligaciones de derechos humanos del Estado y de invasión de competencia federal derivado del análisis de la recién aprobada Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado del Estado de Querétaro; por lo cual presentó —en conjunto con otras 30 organizaciones civiles— solicitudes formales de acciones de inconstitucionalidad contra la misma a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
30 días
Tanto la DDHQ, encabezada por Javier Rascado, como la CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, tienen 30 días naturales a partir de la publicación de la ley para ejercer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El no ejercer dicha acción, advierte Bajo Tierra Museo del Agua, podría implicar omisiones en la obligación a la protección de derechos humanos ante futuras violaciones derivadas de la aplicación de esta ley.
2 Poderes
A través de un comunicado, Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro recordó a la población del estado de Querétaro que dicha ley se aprobó en tan sólo 4 días por parte de la LX Legislatura y el Gobierno del Estado, luego de que la primera ignoró las solicitudes de parlamento abierto el segundo la solicitud de veto; por lo que en días siguientes se realizaron manifestaciones públicas organizadas contra la privatización del agua.
Además de la solicitud de acción de inconstitucionalidad —la cual, de corroborarse las contradicciones y ejecutarse, declararía como inconstitucional dicha ley—, también se han interpuesto distintas acciones legales por parte del titular del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Ambientalistas del Estado de Querétaro y el Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán.
31 organizaciones
Las organizaciones y colectivos que presentaron conjuntamente la acción de inconstitucionalidad (recibida el 1 de junio por la CNDH y el 2 de junio por la DDHQ) son las siguientes: El Laboratorio de Estudios Urbanos y Sustentabilidad (Labur), las organizaciones Agua para Todxs Querétaro y Nosotrxs Representación Querétaro, la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, el Grupo Ecológico Xymbionte, el Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, la Comunidad Originaria de San Miguel Tlaxcaltepec, la Comunidad del Chitejé del Garabato, el colectivo Ambientalistas del Centro, Vocer@s de la Madre Tierra, el Centro Regional de Capacitación en Cuencas, los Ambientalitas del Estado de Querétaro, los Ecologistas de Juriquilla, el colectivo Ciudadanos Reforestando Querétaro, el Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro, el Centro de Educación e Investigación para el Bienestar Ambiental y Social; los grupos Huertos la Banda, Querétaro Salvaje, México Querido y Qué Limpio, Xata Sustentable, Regeneradora Garambullo, DeepBlue, Micelio Urbano, Habitación 19; así como la Fundación Latinoamericana del Agua y la Vivienda Sostenibles (Flavise), la Casa de Vinculación Social de Felipe Carrillo Puerto, el colectivo Desarrollo Comunitario para la Transformación Social, el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos y Cambio Climático, el World Capital Institute, el Frente en Defensa por la Soberanía Nacional Querétaro, y Bajo Tierra Museo del Agua Querétaro.