FOTO. Ángel Rodríguez|
Ambientalistas preocupados por qué proyecto será el que se discuta como Ley Estatal de Aguas apuntan que la regulación de concesiones si es privatización
Hay dos proyectos en la Legislatura del Estado de Querétaro que buscan la creación de una Ley Estatal de Aguas: La creada por Graciela Juárez y Juan Guevara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la de Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente; no obstante, en ambas se contempla la regulación de las concesiones del servicio de agua en el territorio estatal.
Ambientalistas preocupados por qué proyecto será el que se discuta como Ley Estatal de Aguas apuntan que la regulación de concesiones si es privatización y exigen que se den parlamentos abiertos.
Iniciativa PAN / QI
La iniciativa del grupo mayoritario (PAN) está fechada el 22 de marzo y, a partir del Artículo 113, empieza la reglamentación para la distribución de agua del sector privado, en el que las empresas podrán participar en la prestación de servicios públicos de agua potable, potabilización, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, pero también en la ejecución de obras de este tipo.
La Comisión Estatal de Aguas (CEA) o los Municipios tendrán las facultades de otorgar las concesiones por medio de un concurso de licitación. Las empresas estarían forzadas a presentar un informe trimestral sobre la calidad del agua en el proyecto del PAN y Querétaro Independiente.
Así mismo, tienen todo un capítulo sobre las infracciones en contra de los concesionarios, que van de causas desde disponer volúmenes de agua mayores a los autorizados, o alterar la infraestructura hidráulica concesionada, hasta incumplir sus obligaciones contenidas en su título de concesión.
Iniciativa del PRI
En el caso del proyecto de Juárez y Guevara, también habría una regulación a las concesiones del sector privado, ellos prevén la autorización del permiso hasta por 15 años y una extensión por el mismo periodo de tiempo. Este proyecto no tiene un capítulo tan específico como el de Acción Nacional en cuestión de sanciones, pero sí para el retiro de la concesión. Establecen sanciones por aumentar precios sin autorización previa, no cubrir indemnizaciones por daños y no proporcionar la información que la autoridad le pida.