Rosario Piedra Ibarra, justifica que estos artículos pueden vulnerar el acceso a la seguridad jurídica y los principios de legalidad y taxatividad
Ante la presentación de una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de algunos artículos del Código Penal del Estado de Querétaro, los diputados locales Manuel Pozo y Armando Sinecio reaccionaron al respecto: Los dos integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura del Estado apuntaron que primero se debe de conocer el fallo para poder abordar la discusión. Los dos desconocían la existencia de este proceso.
Manuel Pozo Cabrera, de Querétaro Independiente, señaló que la Mesa Directiva es quién se encargaría del litigio si es que se considera inconstitucional lo vertido en el Código Penal, pero primero se tiene que conocer la decisión de la Corte.
«Primero, tenemos que recibirla, analizarla, no sabemos si se inició, sí es una resolución firme, son varias cosas y como legislatura, primero se tiene que atender como órgano, es decir, con la representación legal, la mesa directiva es quien atiende los litigios en donde forman parte la legislatura , no la Jucopo, pero desde luego estamos interesados o estaríamos interesados en conocer el contenido de la misma, hasta este momento no tengo yo información», destacó Manuel Pozo Cabrera.
No obstante, Sinecio Leyva, de Morena, comentó que en caso que si se transgreda la carta magna, como considera la CNDH, debe de armonizarse de manera puntual lo local con lo federal.
«Tenemos que tomar una atención muy puntual, porque no puede estar sucediendo esto, precisamente uno de nuestros propósitos de la bancada de Morena es que tenemos que estar armonizando las Leyes federales con las leyes estatales», subrayó Armando Sinecio.
La CNDH considera que los artículos 60, 61 bis, 155 y 183 bis fracciones I, II, III y IV del nuevo Código Penal vulneran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; esto la Comisión lo expone y argumenta en un documento de 46 páginas.
El estatus de esta acción sigue en proceso, fue interpuesta en junio y aún se espera la decisión de la Corte; sin embargo, en el documento firmado por la titular, Rosario Piedra Ibarra, justifica que estos artículos pueden vulnerar el acceso a la seguridad jurídica y los principios de legalidad y taxatividad: es decir son pocos concretos.
En este escenario, Pozo Cabrera prevé la intervención de la representación legal y Armando Sinecio ve la posibilidad de una armonización; sin embargo, será hasta que se dé el fallo cuándo se verá cómo actuará la Legislatura del Estado de Querétaro en el tema.