El presidente de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, Pablo González Loyola, afirmó que su asociación está en busca de que los comercios populares sean reconocidos a nivel local y que, de esta manera, los trabajadores puedan acceder a derechos laborales como el servicio a la salud.
Comentó que será el 2 de febrero a las 10 de la mañana cuando se llevará a cabo el foro con el nombre “Comercio Popular y Trabajadores No Asalariados; Hacia un Necesario Respeto, Reconocimiento y Dignificación”, en donde están invitados diversos representantes de diferentes organizaciones de Querétaro y otros estados de la República Mexicana, y a las autoridades municipales, estatales y federales.
Cabe señalar que en este foro se tiene planeado continuar en el desarrollo de la iniciativa de la ley general de comercio popular y trabajadores no asalariados, para posteriormente entregar esta ley al Estado Mexicano. Respecto a los cuestionamientos sobre si la organización se ha apoyado con la Legislatura local, respondió que no ha tenido acercamiento con ninguno de los legisladores de Querétaro.
“Es muy importante, lo dicen las estadísticas, lo dicen los censos del INEGI, lo dicen las estadísticas del Servicio de Administración Tributaria, es el sector de trabajo más grande, lo que es la población económicamente activa, no puede seguir siendo un sector que no está en ninguna Ley, en su derecho a trabajar debe ser reconocido; es un sector que carece de derechos más fundamentales como es el de la salud y el de la vivienda, en términos de la salud, cualquier persona que se dedica al comercio popular tiene un accidente o una enfermedad grave, le cuesta perder su esfuerzo de muchos años de trabajo, porque tienen que ir a los sanatorios, a los hospitales de carácter privado y muchos pierden la vida, no hay una seguridad social para ellos”, puntualizó Pablo González Loyola.
Agregó que este domingo 5 de febrero se organizará una marcha de forma pacífica que partirá del andador Alameda Hidalgo hacia Plaza de Armas, en donde se buscará solicitar a las autoridades las garantías para el ejercicio de sus libertades, además de hacer llegar sus peticiones al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.