“Es un negocio muy caro, pero realmente, el que está detrás de ahí son las agencias de publicidad y los funcionarios de comunicación social”, señaló Alberto Escorcia, especialista en detección de fake news
El juicio por cargos relacionados a narcotráfico contra Genaro García Luna, execretario de Seguridad Pública de los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), realizado en la corte de Nueva York, Estados Unidos, tuvo una operación de desinformación masiva en la República Mexicana, señaló el periodista Alberto Escorcia, especialista en detección de fake news.
Desde la falta de cobertura hasta la redirección de la atención de la opinión pública, pasando por la desestimación de la validez del juicio, bots (programas informáticos) y trols (cuentas de identidades desconocidas) realizaron una manipulación informática destinada a influir en la percepción de la sociedad mexicana sobre el juicio, explicó.
“Argumentaban estos bots y estos trols de forma masiva en internet que los testigos eran narcotraficantes y delincuentes y que por eso no tenía validez el juicio; y luego, cuando comenzó el mismo, encontré que varios columnistas, entre ellos Raymundo Riva Palacio y otros parecidos, no solamente hablaban de la misma narrativa, sino que estos bots y estos trols aumentaban el alcance de estas opiniones (…) Una vez que se dio a conocer el veredicto hace unos días, estos mismos bots empezaron a argumentar que en realidad se trataba de un juicio contra el gobierno de López Obrador (…) Hubo una batalla tecnológica por desinformar, aderezada con ciertas notas en internet, tanto de un bando como del otro”, señaló.
La industria de los bots
Escorcia explicó que el uso de bots para manipulación informática ha evolucionado de una práctica institucional del Estado Mexicano a una industria. “En 2002-2009 eran entidades de gobierno que tenían grandes salones donde había mucha gente tuiteando todo el tiempo; pero ahora estos grupos se convirtieron en empresas y ahora trabajan para todos los gobiernos, todos los partidos e instituciones; incluso la iglesia. Es un negocio muy caro, pero realmente, el que está detrás de ahí son las agencias de publicidad y los funcionarios de comunicación social, que son intermediarios cuando un funcionario necesita imponer una narrativa o amplificar ciertos temas. Acuden a sus funcionarios de comunicación social; ellos acuden a una agencia de publicidad y luego se hace el negocio, que puede costar $1 millón de pesos por hora, crear una operación. Es muy efectivo, porque finalmente sí llegan a crear una gran burbuja de desinformación”, señaló.