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Actualmente, el Instituto Nacional Electoral (INE), en su Consejo General como en sus Juntas Locales y Distritales, se encuentra en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de una resolución en cuanto al Plan B de Reforma electoral, explicó Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Querétaro, sobre la incertidumbre actual en esta instancia.
«El Consejo General es el que va ir tomando todas las decisiones y a nosotros nos toca ejecutarlas, en ese contexto, nosotros estamos en pausa, esperando, primero, a que se decidan, finalmente, la fuerte de la reforma, si queda totalmente, al final del día, otorgan la suspensión definitiva o nosotros nos dan la razón, en este medio, nos vamos al proceso electoral con la norma electoral vigente que es con la que hemos operado en los últimos años, desde el 2014, a la fecha», manifestó Ana Lilia Pérez Mendoza.
La funcionaria electoral aseguró que, a pesar de que este proyecto tenía disposiciones de recorte de personal en diversas áreas del organismo, en Querétaro ninguna persona fue despedida; sin embargo, se dijo consciente qué si llegará la Corte a declarar la constitucionalidad del proyecto, este escenario podría darse.
Hasta el momento el máximo órgano de impartición de justicia del país tiene registro que se impugnó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el segundo es el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Sobre el primer decreto, la corte tiene a su análisis 7 acciones de inconstitucionalidad de las cuales se admitieron 6 que dieron como resultado la suspensión del decreto para que no se aplique en las elecciones de 2023; asimismo admitieron 89 controversias constitucionales para dicho proyecto. En cuanto al segundo decreto, tiene dos acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional interpuesta, mismas que analizará el ministro Javier Laynez; para las Juntas Locales es de importancia que a la brevedad se conozca el dictamen de la Suprema Corte, ya que deben de preparar los comicios electorales de 2024 y tener certeza que ley tendrán que aplicar en esas votaciones.