Integrantes de la comunidad de Escolásticas, Pedro Escobedo, ratificaron la queja interpuesta el 1 de julio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) por omisiones en su actuar referente a la represión y detenciones ocurridas en la comunidad el pasado 13 de junio, informó Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento de la organización de derechos humanos, Comité Cerezo México.
Indicó que, al no ser competencia de la CNDH, las violaciones de derechos humanos sufridas por los integrantes de la comunidad durante estas detenciones (por haber sido infringidas por autoridades estatales y municipales y no federales) es que la queja se interpuso contra la Defensoría estatal.
Explicó que el organismo, a cargo de Javier Rascado Pérez, no solo fue omiso, sino que incluso justificó el actuar de las corporaciones policiacas, además de que el ombudsman negó que hubiera una queja en estos hechos, a pesar de que la comunidad si interpuso una con folio 2085 y ratificación 2144. De igual forma señaló Rascado Pérez aseguró que personal de la Defensoría estuvo presente en los hechos y no detectaron violaciones a derechos humanos, cuando la comunidad tiene fotos y videos que desmienten la versión del organismo autónomo.
“La queja no es en contra de los policías municipales, esta queja es en contra de la Defensoría por el papel omiso (por no decir menos) respecto a la represión porque ellos estuvieron presentes durante todo el operativo, antes, durante y después , ellos tuvieron conocimiento del trato cruel, e inhumano y degradante al que fueron víctimas las personas, también de la tortura, de la prisión injusta, de los traslados a diferentes cárceles de Querétaro y hasta la fecha, ellos no han documentado, ni se han pronunciado en contra de esas violaciones a los derechos humanos, al contrario, han justificado, han solapado, han minimizado”, señaló Héctor Cerezo.
Por lo anterior solicitaron a la Comisión Nacional que emitiera una recomendación a la Defensoría estatal para que no sea omisa ante las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en la comunidad, también para que facilite el acceso a la integración de pruebas a favor de las víctimas y que se realice las investigaciones necesarias, aplicando protocolos internacionales de investigación de hechos, como el de ESTAMBUL y TAMN.
También piden que la recomendación señale que se realice una investigación respecto a las condiciones penitenciarias, así como la investigación del debido proceso judicial de las víctimas. De igual forma para que la queja interpuesta en la Defensoría el día 15 de junio de 2023 sea llevada hasta sus últimas consecuencias y reconozca su condición de víctimas y de defensores de la tierra y el agua, entre otras peticiones.
Los integrantes de la comunidad además continúan con la exigencia de la libertad para las tres personas que siguen detenidas (Ma. Trinidad Osornino Flores, Jonathan Fajardo Bocanegra y Alejandro Uribe Fajardo) y para cinco personas más que tienen procesos judiciales en su contra. Además de Comité Cerezo, las organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Front Line Defenders, han señalado las violaciones a derechos humanos en el conflicto como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, omisiones en el debido proceso e incomunicación entre familiares y detenidos, entre otras. Ya que hasta el momento las personas que continúan detenidas no han podido ser visitadas por sus familiares.