Foto| Diego Hernández
Tras la publicación del acuerdo en el periódico oficial, La Sombra de Arteaga, los juzgados especializados en violencia contra la mujer del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro podrán ordenar medidas en materia de familia y protección de infancias, anunció la magistrada presidenta Mariela Ponce Villa, quien lo calificó de novedoso, ya que se obliga a los agresores varones a cumplir sus obligaciones que tienen con sus hijos, a pesar de haber cometido una falta.
“El acuerdo se publicó el viernes en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, y a partir de ayer, nuestros juzgados especializados en violencia contra la mujer ya van a poder ordenar medidas en materia de derecho de familia y protección de infancias en materia penal que es algo muy novedoso, siempre los jueces tienen competencia en materia civil, materia familiar o materia penal, ahora los de materia penal, solo en delitos de violencia contra la mujer pueden ordenar también estas medidas en derecho de familia, por ejemplo, pensiones alimenticias, temas de convivencia o de custodia”, afirmó Mariela Ponce Villa.
La magistrada presidenta detalló que era común que no se interpusieran medidas para garantizar el derecho a la alimentación de los hijos que la pareja compartía o también en el rubro de convivencias y custodia, es por ello que resulta novedoso el acuerdo ACJ/03/2023. El oficio establece que la imposición de estas medidas es de carácter precautorio, cautelar o de urgente aplicación.
Atención a 891 casos
Recordar que estos juzgados iniciaron sus labores el 30 de mayo de 2022 y, de acuerdo a los registros del Tribunal Superior de Justicia, han dado atención 891 actos diversos con corte a finales de mayo de este 2023. También se señala que a estas instancias llegan 74.2 actos de manera mensual en promedio: el 40.8% son peticiones para órdenes de aprehensión, 39% audiencias iniciales con citación y 20.1% audiencias iniciales con detenido.
De acuerdo a información del Tribunal Superior de Justicia, con la ejecución de este acuerdo se garantiza el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, pero también se prevén los derechos de las infancias. El que se lleve a cabo esta segunda etapa en los juzgados no contempla un aumento presupuestal o se incrementa la plantilla laboral.