Con la determinación del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte respecto a la prisión preventiva oficiosa, no se elimina la figura, pero si se garantiza que se aplique solo cuando sea justificado, indicó Antonio Ángeles Arias, expresidente del Colegio de Abogados Penalistas.
Celebró la determinación, ya que abona a la justicia en México y en Querétaro y es que explicó, que en los últimos años en el país se ha incrementado el número de delitos por los que se ordenaba la prisión preventiva oficiosa, por lo que también ha crecido el número de personas que están en prisión sin haber sido declaradas culpables.
Explicó que la determinación señala que cuando se reclama en un juicio de amparo la prisión preventiva oficiosa, es viable conceder la suspensión provisional, esto con base en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el año pasado referente a los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez, en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida.
«En la cual resulta obligatorio para los 18 estados que integran esta zona Centro Norte, el tema de la protección de Derechos Humanos, en los términos de las resoluciones de la Corte Interamericana, el caso Tzompaxtle de noviembre del año pasado, y el García Rodríguez de enero de este año, en que nadie absolutamente nadie puede estar en prisión solo porque sí, si vas a estar en prisión tienen que justificarse, con pruebas, que representas un riesgo para la sociedad, para la víctima, o para la investigación», manifestó Antonio Ángeles Arias.
Además, dijo quienes se encuentren en prisión preventiva actualmente podrían solicitar la revisión de su caso por medio de un amparo, para eliminar la medida y llevar su juicio en libertad, ya que es una jurisprudencia que será efectiva en las 18 entidades en las que tiene jurisdicción el Pleno Regional informó el Consejo de la Judicatura Federal.
Señaló que actualmente todavía algunos jueces siguen aplicando la medida, a pesar de la sentencia de la Corte, por lo que esta nueva determinación ayudará a los abogados a defender a sus clientes de posibles injusticias.
En la entidad, una de cada cuatro personas en prisión se encuentra sin sentencia, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).