El Frente Queretano por el Derecho a la no discriminación y el estado laico promoverán un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JDC) en contra de la reforma en materia de inclusión a la Ley Electoral aprobada este fin de semana en el Congreso local, informó el vocero Walter López.
Esto por considerar a la reforma una simulación mediocre e indigna, ya que lo legislado no garantiza una verdadera representación de grupos vulnerados en el proceso electoral del 2024 y deja la decisión de a quién darle la candidatura incluyente en los partidos políticos.
Explicó que concentra a todos los grupos prioritarios en una misma categoría, es decir los pone a todos “en el mismo canasto” y de acuerdo a los intereses de cada partido, los institutos políticos serán los que escojan a qué grupo darle la candidatura, lo que casi siempre termina en una sobrerrepresentación de adultos mayores o jóvenes para dejar de lado a personas LGBTQ+, personas indígenas, con discapacidad y afromexicanas. Por lo que mantienen sistemas de representación que han demostrado ser ineficaces en el pasado.
“Porque es un producto mediocre, no te esperas que una Legislatura que tienen diputados y diputadas sensibles al tema de los Derechos Humanos, que se dice que es la Legislatura de la ciudadanía que está por los derechos humanos, haya sacado un producto tan mediocre, tan al vapor, así con esas ambigüedades, y lo otro, es que es indigno, creo que la ciudadanía de Querétaro no nos merecemos una ley así, entonces tenemos que corregirla. Estuvimos planteando varios escenarios, ayer definimos que sí, que nos vamos ir con JDC, ya nuestros abogados están preparando, otra vez al Tribunal, vamos a seguir el mismo camino que las mujeres”, informó Walter López.
Añadió que la ley está tan mal hecha que ni siquiera define cuáles son los grupos de atención prioritaria o vulnerados, lo que deja lugar a la interpretación y coadyuva a que esta interpretación de los partidos políticos sea contraria a los intereses de las personas a las que se les pretendía incluir.
El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JDC) se trata de un mecanismo establecido en la Constitución para supervisar y evaluar las acciones y omisiones de las autoridades electorales, con el propósito de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos y los derechos humanos asociados a ellos.
Y ha sido usado, así como el juicio de amparo, por diversos grupos como las mujeres, para obligar a los gobiernos e instituciones en avanzar en la protección de los derechos humanos de un grupo determinado, indicó Walter, por lo que ha sido un procedimiento eficaz para corregirle la plana a los gobiernos y congresos.