Autoridades, sin interés y desorganizadas ante desaparecidos de Querétaro

No hay una correcta interacción y coordinación entre municipios, autoridades locales o entidades federativas para a la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el estado de Querétaro o queretanas desaparecidas en otras entidades, coincidieron activistas, familiares de desaparecidos y miembros de colectivos en la materia. Tampoco se trabaja de manera internacional para emitir alertas para casos específicos, señalaron, y destacaron que existe un desinterés total en el tema por parte del gobierno y autoridades responsables, así como un subregistro de casos, mala aplicación de protocolos de búsqueda, fosas clandestinas no reconocidas e incluso la ley en la materia no está homologada, entre otras deficiencias.

Presencia Universitaria consultó a cuatro personas dedicadas a dar acompañamiento a familiares, que tienen una persona desaparecida y académicos que nos dieron un panorama general de la problemática. Los activistas subrayaron que existe un desinterés total en el tema por parte del gobierno y autoridades responsables, un subregistro de casos, mala aplicación de protocolos de búsqueda, fosas clandestinas no reconocidas e incluso la ley en la materia no está homologada, entre otras deficiencias.

Apariencias

Indicaron que hay una tendencia de hacer parecer que ‘aquí no pasa nada, que es un paraíso y que es una entidad exenta de un monstruo que crece a nivel nacional’, para mantener la imagen de la entidad con el objetivo de atraer inversión, sin tomar en cuenta las afectaciones que se puedan tener para con las familias de desaparecidos.

Aleida Quintana, defensora de Derechos Humanos y acompañante de casos de personas desaparecidas y mujeres en situación de violencia, subrayó que esta actitud es recurrente y que incluso se ha vuelto una práctica común por parte de la Fiscalía General del Estado, que busca invisibilizar delitos vinculados a la desaparición para asegurar que las personas desaparecieron por su propia voluntad, especialmente en el caso de niñas y mujeres. La Fiscalía se empeña en que todos los casos sean de personas “no localizadas”, pues implica una desaparición voluntaria, y no de “desaparecidas”, que significa fueron víctimas de este delito.

«Ante este tipo de casos, la Fiscalía argumenta que se fue con el novio y firme que te fuiste con el novio, cuando las chicas hacen referencia a que las golpearon, a que las amenazaron, a que no pudieron llamar por teléfono, a que no pudieron salir,  la Fiscalía por lo regular les dice que están mintiendo y que por mentir las pueden meter hasta 10 años a la cárcel, bajo este argumento y bajo esta amenaza de fincarles algún tipo de responsabilidad y también por todo lo cansado y revictimizar  que resulta el proceso para los sobrevivientes, deciden firmar una declaración que, por lo regular, las mismas autoridades escriben y esto es una constante, ¿Qué pasa con esas niñas y mujeres localizadas, que después comienza a hablar del que vivieron? Y somos organizaciones quienes empezamos a identificar delitos vinculados a al desaparición de niñas y mujeres en el estado, que no fueron atendidas inicialmente por las autoridades que rescatan y localizan a las niñas», informó Aleida Quintana.

Respecto a los protocolos de búsqueda, la activación de Alertas Amber, Alba, exhumación de los cuerpos y en la atención para con los familiares, coincidieron en que este desinterés se refleja, ya que no los aplican como corresponde por parte de la Fiscalía a cargo de Alejandro Echeverría Cornejo.

Deficiencias

Respecto a la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Comisión de Atención de Víctimas, aunque algunas organizaciones les dieron un voto de confianza, en todos los casos señalan que su falta de autonomía y presupuesto son preocupantes e incluso algunos defensores de derechos humanos señalaron que no funcionan adecuadamente y esto hace más difícil la labor de las familias en la búsqueda de sus familiares.

En el caso de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, indicaron no ha podido acceder a recurso federal durante varios años, debido a que uno de los requisitos para solicitarlo es tener una titular y Querétaro funcionó por años con una encargada de despacho y, aunque recientemente fue nombrada Guadalupe Anayeli Flores Noguerón, el haber sido designada posterior a la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno federal para el 2023, no se alcanzó un monto para la entidad.

Fosas en Querétaro

Yadira González, quien desde el 2006 busca a su hermano Juan y es coordinadora de Desaparecidos Querétaro, de Unidas Siempre Buscando y miembro de Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda, señaló que otra de las tendencias en la entidad es la negación de que existen fosas clandestinas, cuando es un hecho tangible y que las autoridades tratan de tapar.

Indicó que no hay un registro de fosas clandestinas en la entidad debido a esta negación, pero hay varias que han sido identificadas por madres buscadoras e incluso ha habido varias jornadas de búsqueda que se han realizado con la participación de familiares de otros lugares de la República.

“En el momento que existe una fosa clandestina, un entierro clandestino, porque también Querétaro se ha excusado de que no son fosas clandestinas porque no están a la mitad de la punta de Cerro, están en una casa de seguridad porque están en una barranca depositados, esos son entierros clandestinos y eso también es una fosa clandestina y eso también es un tema preocupante; incluso a mi me preocuparía más como gobierno que los desparecidos o que las fosas clandestinas estén dentro de un predio, porque eso está hablando que tenemos un crimen organizado con todo el tema de la impunidad donde tienen un lugar clandestino para poder estar haciendo de sus fechorías, donde tienen una casa de seguridad donde pueden tener a 1 o muchas más personas,  y que el gobierno no está haciendo nada por identificar esas casas”, informó Yadira González.

Esto se agrava con protocolos mal realizados para la exhumación de cuerpos, incluso desaparición de restos humanos de desaparecidos que son responsabilidad de la Fiscalía General del Estado; lo que considero es una desaparición forzada, todo con el objetivo de esconder la realidad de la problemática.

Desinterés de autoridades

Otra de las preocupaciones de los activistas es que la ley local no se ha homologado con la Ley General, lo que se debe a un total desinterés por parte de la Legislatura del Estado de Querétaro, y que implica que tampoco hay un Consejo Ciudadano que vigile el actuar de las autoridades competentes, a pesar de que desde el Consejo Ciudadano nacional se haya pedido desde hace un año una explicación a la Legislatura del por qué no se ha hecho.

Subrayaron que la entidad tampoco ha aportado al Banco Nacional de Datos Forenses, a pesar de que ya se han recolectado las muestras de ADN, lo que reafirma el nulo interés en la materia de parte de las autoridades competentes. Respecto a mecanismos internacionales para la búsqueda, como alertas emitidas por la Interpol a solicitud de la Fiscalía estatal, coincidieron que eso es algo muy lejano de la realidad.

Falta de coordinación

José Ugalde Mejía, padre de José Saul Ugalde Vega desaparecido desde 2015 y vocero Desaparecidos Justicia A.C., organización que es parte de la red nacional Por Nuestros Desaparecidos México, señaló que no hay ni siquiera una buena coordinación entre municipios o autoridades responsables en lo local, menos a nivel internacional, por lo que es algo que consideran no hay probabilidad de que sea aplicado en la entidad y es que subrayó su organización si se dedica a la búsqueda internacional y nunca han visto que las autoridades locales coadyuven para este fin.

“Mientras no se tenga esta información y coordinación entre estas fiscalías regionales creo que no avanza, si es muy difícil que un municipio tenga información de otro municipio de un cuerpo en el mismo estado, y a 10, 15 kilómetros de distancia, ¿Qué se espera en todo el estado y qué se espera en toda la región? no hay esa coordinación, no hay esa voluntad política y no les interesa blindar la sociedad, lo que estamos sufriendo, Querétaro y el país tiene una herida grave en cuestión de desaparecido y el no reconocimiento es tratar de dejar que avance y esto se vuelva incurable”, refirió José Ugalde Mejía.

714 desaparecidos en Querétaro

Indicó que este ambiente estatal abona a la impunidad nacional que con más de 110 mil desaparecidos solo se han tenido 36 sentencias en todo el país por el delito de desaparición; lo que significa más de un 99% de impunidad. La organización informó que, de acuerdo con el registro que han realizado desde 2011 a la fecha, se contabilizan 714 personas desaparecidas en el estado, esto contrasta con los datos oficiales que se encuentran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que contabiliza 591 casos desde 1962.

Al respecto, Omar Vielma Luna académico y docente de la UAQ, investigador en desaparición de personas y miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, consideró que es muy probable que exista un subregistro de casos.

El académico fue el único que no coincidió con los activistas respecto a la aplicación de los protocolos, ya que consideró que la Fiscalía si hace su trabajo adecuadamente, debido a que se tiene una eficiencia del 90% en la localización de personas y que además la mayoría de los casos fueron desapariciones voluntarias; esto de acuerdo a los propios dichos de la Fiscalía que rescató el académico; no obstante, sí reconoció que hay diversos factores que podrían influir en este subregistro.

“Si nosotros atendemos a todas las fórmulas estadísticas, hipótesis, proyecciones que se hacen en términos de la famosa cifra negra, por cada delito que se denuncia, nosotros tenemos otros 8 o 9 que no se denuncian; el delito de la desaparición cuando está asociado a un delito es algo muy complejo, y la proyección estadística no sea de 9 a 1, probablemente sea menor; en ese sentido, sí es muy posible que nos encontremos frente a un fenómeno de subregistro, no todos los casos se registran hay algunos casos, que no se califican como desaparición como otra cosa, secuestro, extorsión, trata, es posible que estos casos no estén incluidos”, enfatizó Omar Vielma Luna.

En donde sí coincidió con los defensores de Derechos Humanos en que es necesario reforzar la interacción interinstitucional, así como tener estrategias de prevención importantes en todos los ámbitos y hacer un análisis de contexto respecto a las condiciones del estado para las desapariciones de personas y detectar si hay patrones de desaparición para tomar decisiones más eficientes.

Para este trabajo periodístico fue consultada la Fiscalía General del Estado y la Comisión Local de Búsqueda de Personas, sin tener respuesta alguna. La Fiscalía indicó que estaba recolectando información, mientras que la Comisión Local señaló que estaban de vacaciones y que podían atender la petición regresando a laborar.