Persecución política y abusos de poder: Detenciones en Querétaro levantan preocupación por posibles violaciones de derechos humanos y patrones de arresto de líderes comunitarios en comunidades como Sanfandila, Escolásticas y San José La Laja, pertenecientes a Pedro Escobedo y Tequisquiapan. Acusaciones de intromisión política, violencia policial y el uso del delito de despojo y otros en contra de activistas se han presentado en los conflictos por la tierra y agua de las comunidades.
Tierra y agua
En los últimos meses, una serie de detenciones en comunidades como Sanfandila, Escolásticas y San José La Laja, en Pedro Escobedo y Tequisquiapan, han llamado la atención sobre posibles violaciones de derechos humanos y un patrón recurrente de arrestos de líderes comunitarios.
En medio de estos eventos han surgido acusaciones de intromisión política y uso indebido del delito de despojo en contra de activistas involucrados en conflictos por la tierra y el agua en estas zonas. Estos acontecimientos han generado un debate sobre la equidad y el respeto al Estado de Derecho en la región.
Presencia Universitaria platicó con Elizabeth Chávez Cañas, una de las afectadas ya que fue detenida en los recientes operativos y que fue señalada por la Fiscalía de Querétaro como presunta involucrada en dos investigaciones, ambas por despojo: la primera relacionada con Ajuchitlancito y correspondiente a la carpeta CI/SJR/3196/2023 (caso) y la otra referente a Escolásticas con el número de investigación CI/SJR/3610/2023.
No obstante, asegura que estas detenciones y persecuciones están directamente relacionadas con su activismo político y social buscándola involucrar en estas denuncias de despojo de predios como parte de una estrategia de persecución política, ya que, aunque acepta que sí asesoró a los miembros de la comunidad para tomar el predio en disputa en Ajuchitlancito, el día que tomaron el predio ella no estuvo presente.
«Era muy complicado que la Fiscalía no pudiese ocultar o evitar, que no se dieran cuenta que yo estaba en Cancún, obviamente cuando yo declaro que estoy en Cancún, me dan a mi las 144 horas reglamentarias para la presentación de pruebas, pero, la Fiscalía que la medida cautelar fuera cárcel, porque según ellos, yo era un riesgo para la sociedad, y era una incitadora y era delincuente, y ahí sale precisamente la vinculación que me hacen en Pedro Escobedo, a Escolásticas, porque en esa carpeta de investigación entrega la Fiscalía como prueba al juez, que yo también estaba señalada en otro asunto relacionado con lo mismo, con delito como fue despojo, igual, con amenazas, y que yo fui una de las participantes, y estaba señalada, ahí yo me di cuenta que también me habían involucrado en lo de Escolásticas y claramente me di cuenta que no se trataba solamente de una equivocación, sino, de un directo quiero adentro porque eres activista, porque estás haciendo investigaciones en las que nos puedes hacer daño, y no queremos gente como tú que hable», denunció Elizabeth Chávez Cañas.
Visitas
Un elemento relevante en este contexto es el anuncio de la visita de Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, a la comunidad de Ajuchitlancito. Por lo que considera que su detención y persecución hacia están vinculadas a la visita que la Morenista realizaría a la zona, lo que había causado nerviosismo a las autoridades estatales, luego que desde abril se decidiera tomar por parte de la comunidad el predio en disputa.
La detención de Elizabeth Chávez, junto con sus dos hijos menores, generaron un repudio significativo en la comunidad y la liberación de sus dos hijos de 10 y 12 años se logró después de una intensa presión ejercida por su hermana y el grupo de manifestantes, que tomaron la Carretera Federal 57 por varias horas. De acuerdo con Elizabeth sus dos hijos, uno con autismo, estuvieron en la Fiscalía General del Estado durante cinco horas sin acceso a comunicación, alimentos ni bebidas.
«Mis hijos fueron detenidos conmigo desde las 7:30 y fueron entregados hasta las 12 y algo del día, durante ese tiempo mis hijos los tuvieron en Fiscalía, encerrados en una habitación, sin desayunar, sin agua, incomunicados completamente, siendo que mis familiares ya estaban afuera, y no sé que argumentaban ni quien los cuidaba, honestamente yo desconozco esta parte, pero, sí mi hija me hace referencia que se aburrió, que ella estaba desesperada, porque ella ya había avisado a sus primas, y no sabia porque había pasado tantas horas y no habían llegado por ellos», afirmó Elizabeth.
Loyola Vera
Elizabeth, por su parte, fue liberada seis días después de su arresto, tras demostrar que se encontraba en Cancún en el momento en que la comunidad tomó el predio en conflicto que aseguran pertenece al Ejido de Ajuchitlancito y que consideran fue robado y convertido en parte del patrimonio de la empresa Desarrolladora Inmobiliaria Sanfandila y subrayó que quien está detrás de este despojo es el exgobernador y ahora diputado federal panista, Ignacio Loyola Vera.
Fernández de Cevallos
Respecto a la investigación en la comunidad de Escolásticas, donde está en disputa el predio Los Sabinos entre la comunidad y un particular que, aseguran es prestanombres de otro panista destacado: Diego Fernández de Cevallos. También es señalada Elizabeth, aunque asegura que no ha sabido de algún avance en la misma o alguna acción en su contra.
Detalló que en el caso del predio Los Sabinos, se encuentran manantiales que un particular está intentando reclamar como propios, a pesar de que forman parte de la propiedad ejidal que la comunidad trata de defender, tal como fue establecido en un decreto de 1936 según un memorándum del departamento agrario del estado fechado el 12 de julio de 1945. Aunque aclaró que en este caso no tiene ningún tipo de participación en la defensa, pero conoce la historia.
En ambos casos, indicó la detención sin fundamento y los abusos de autoridad están vinculados directamente a su activismo y defensa de los derechos humanos en el estado y porque nuevamente habían anunciado la visita de Claudia Sheinbaum, pero ahora a Escolásticas.
«Aprovecharon todos los conflictos tanto de Escolásticas, como de Ajuchitlancito, para tratar de fabricarme un delito, pero también les salió súper mal, porque no hicieron una investigación profunda, yo por lo menos, si voy a fabricar una carpeta de investigación donde va haber servidores públicos involucrados, por lo menos busco lo principal, que es dónde está para hacerlo, dónde está ella o qué está haciendo para poder yo fincarle un delito, y pueda realmente aparecer como cierto» puntualizó Elizabeth Chávez.
Casos
Elizabeth explica que ella y su hermana Mónica han sido activistas y defensoras de derechos humanos en la región y dieron seguimiento a casos como el atropellamiento de dos jóvenes que iban en moto por parte de dos oficiales de policía de Pedro Escobedo, el asesinato a manos de policías del joven Daniel Franco Miranda en Huimilpan, un caso de abuso de parte de un maestro a un menor en Colón y el caso de bulliyng de Juanito, el menor indígena quemado en su secundaria de El Salitre; entre otros. Así como una acusación de acoso laboral y sexual cuando trabajaba en el gobierno municipal de Pedro Escobedo que desembocó en una campaña de desprestigio en su contra en redes sociales.
Detenidos por despojo
En ambos casos ella no fue la única detenida: En el conflicto de Sanfandila, Alejandro, un miembro de la comunidad sigue preso y vinculado a proceso por despojo; mientras que en el caso de Escolásticas fueron once personas detenidas, quienes en las primeras horas estaban desaparecidas y que posteriormente fueron localizadas, algunas de ellas con golpes y daños físicos; de estas personas, ocho fueron liberadas pero siguen su proceso en libertad por delitos menores y tres más siguen detenidas, acusados de despojo.
Otro caso es el de San José La Laja, en el municipio de Tequisquiapan, en donde fue detenido Javier Lira Reséndiz, líder social, acusado también de despojo. Lira Reséndiz encabezaba una iniciativa comunitaria para resguardar tierras compartidas en la región, que él, su familia y otros habitantes consideran les han sido ilegalmente arrebatadas. De acuerdo con la esposa del activista, fue arrestado por autoridades y ha experimentado maltrato físico durante su tiempo bajo custodia, situación que persistió durante varias semanas.
Piden ayuda a Federación
En este conflicto, los habitantes temen la contaminación de sus espacios con aguas negras y basura. La situación se enmarca en un contexto más amplio donde se pide la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para detener la venta irregular de terrenos de uso común en la zona. Se acusa a autoridades locales de corrupción, intimidación y anomalías en la conformación del Consejo de Administración de la Colonia Agrícola y Ganadera en la región por lo que los habitantes buscaron apoderarse de lotes para evitar la venta de espacios comunes a terceros.
Quietos todos
Para Francisco Cerezo, coordinador de Comité Cerezo México, una de las organizaciones que a nivel nacional acompaña el caso de Escolásticas, este tipo de prácticas son comunes para los gobiernos estatales que con el objetivo de causar miedo y desmovilizar a la población toma estas acciones de manera recurrente.
«Incluso, cunado estuvo los gobiernos del PAN y del PRI, a nivel federal, se usó esta estrategia a nivel nacional, que es la estrategia del control social, a través del terror, es decir, las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada, fue una situación constante, actualmente, ya no está tan generalizado, pero todavía tenemos estados como Querétaro, que sigue realizando las mismas prácticas que se hacían a nivel federal, en ese sentido, no ha habido ningún cambio y mantienen no solamente, la comisión de graves violaciones a derechos humanos, sino una impunidad casi total, tan es así que la queja misma, que se realizan ante la Comisión Estatal tiene que la Comisión Nacional tiene que traer el caso, porque es una comisión que es a modo de las mismas autoridades y estaban incluso tratando de convencer a las víctimas de que no pusieran las queja de derechos humanos, en ese sentido lo que vemos es un atraso increíble en derechos humanos en el estado de Querétaro», afirmó Francisco Cerezo.
Desaparición forzada
Subrayó que en caso de Escolásticas pudieron documentar una serie de violaciones a Derechos Humanos y delitos tales como Detención Forzada cuando el 13 de junio de 2023, policías municipales y estatales detuvieron y desaparecieron de manera forzada a personas defensoras de derechos humanos en la comunidad de Escolásticas por el conflicto por el predio Los Sabinos, así como tortura al momento de su detención; amenazas, ya que funcionarios de la Fiscalía del Estado de Querétaro amenazaron a personas de la comunidad que habían estado cerca de «ambientalistas», insinuando que esto podría complicar sus casos legales.
También faltas al debido proceso ya que algunos de los detenidos fueron liberados bajo medidas cautelares violatorias de los derechos humanos, así como un trato inadecuado de las personas bajo custodia a quienes las tuvieron incomunicadas, las golpearon y no les permitieron estar en contacto con un abogado. Así como también posible corrupción, abuso de poder, falta de transparencia y violación al Derecho a la Protesta, entre otros.
«Viene de un conflicto mucho más antiguo que tiene que ver precisamente con el agua, y con el bosque, que la comunidad trata de preservar, hemos visto como a lo largo de la historia, han venido una parte de este parque o se lo han querido apropiar funcionarios, personas ligadas a funcionarios del gobierno, y eso es lo que ha generado la represión en contra de la gente de la comunidad, y la última vez, digamos, en junio, evidentemente si bien es una denuncia que hizo un particular en contra de las personas de Escolásticas, el trasfondo está bastante documentado porque tanto la Profepa, como la Conagua, han estado también viendo este problema sobre la apropiación, al parecer ilegal, de un terreno que es propiedad federal», manifestó Francisco Cerezo.
Kuri en el Poder
A estos casos se les debe de sumar los antecedentes de detenciones en el sexenio de Mauricio Kuri González contra otros activistas, como cuando en junio del año pasado con uso excesivo de fuerza, arrestó a varios manifestantes contra la nueva Ley de Aguas, en este caso tres carpetas de investigación siguen abiertas por los delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de los medios de transporte, y de desobediencia y resistencia de particulares.
Así como también lo sucedido en 2021 cuando activistas del agua en Amealco también denunciaron detenciones y represión, luego de defender su pozo de agua, luego de que, en marzo, pipas contratadas por la Comisión Estatal de Aguas extrajeron agua de un pozo en Santiago Mexquititlán, por lo que los pobladores, montaron guardia y retuvieron una pipa, lo que ocasionó presencia policial y disparos al aire.
La última detención sucedió el primero de septiembre de 2021, cuando Venancio Ramírez López, un activista por la protección del agua en Santiago Mexquititlán, Querétaro, fue detenido por la policía estatal en su propia casa. Posteriormente, fue trasladado al centro penitenciario de San Juan del Río bajo la acusación de transportar sustancias ilícitas, a pesar de que su detención ocurrió en su domicilio. Después de que miembros de la comunidad se movilizaran en protesta, lograron su liberación.