Celia Maya, exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Querétaro (1985-2018), pretende cobrar su pensión por jubilación por este cargo a la vez que su sueldo como consejera de la Judicatura Federal, con lo que sumaría más de $368 mil pesos mensuales; no obstante, pero no es la única que cobra doble: Juan Marcos y Juan Martín Granados Torres, así como Alejandro Echeverría Cornejo han sido pensionados por el Municipio de Querétaro y cobran su sueldo como funcionarios públicos.
Celia Maya pretende cobrar su pensión por jubilación otorgada por el Poder Judicial de Querétaro y su sueldo como consejera de la Judicatura Federal, con lo que sumaría más de 368 mil pesos mensuales, sumando los 206 mil 948 pesos de su sueldo y 485 mil 148 pesos trimestrales.
La exmagistrada Celia Maya ya tomó protesta e insistió en que seguirá cobrando su pensión y su sueldo y que está permitido por la ley.
«Mi pensión es un derecho que tengo por haber trabajado más de 40 años, 44 años, en el poder judicial, como todo trabajador que ha trabajado su vida y le dan una pensión, hoy me voy a contratar en otro lugar y eso es otra cosa, son dos cosas muy distintas», afirmó Celia Maya.
Sueldo por arriba de la ley
Pese a que la actual magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Mariela Ponce Villa, había señalado que no se podía tener doble ingreso de acuerdo a la ley, la exmagistrada debería informar al Poder Judicial de su nuevo cargo para suspenderle la pensión.
De acuerdo con el artículo 132 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Querétaro sí se tendría que suspender la pensión, señaló José Luis González Godínez, coordinador de la Casa Obrera de Querétaro, abogado laboralista, sindicalista y especialista en los derechos laborales y sociales, quien añadió tendría que ser el Poder Judicial quien debe tomar la iniciativa para realizar el proceso administrativo para retirarle la pensión.
«Aquí quien debe de tomar la iniciativa es el Tribunal Superior ‘Bueno, ya tengo conocimiento de que te reincorporaste al servicio público, que saliste del estado de vulnerabilidad que es una condición para que se te otorgara la jubilación’, y de acuerdo al Artículo 132 de la Ley que te concedió ese derecho, te lo suspendo, ahora, si ella pudiera invocar, ‘es que ya estoy en una instancia federal’, de manera supletoria, se le debe de aplicar la Ley del ISSTE que sí establece claramente que cuando un trabajador se reincorpore a sus labores, un trabajador jubilado se le tendrá que suspender los efectos de su pago de su jubilación, entonces el Tribunal el que tiene que actuar en principio y la magistrada, actuará conforme lo considere», afirmó José Luis González Godínez.
¿Necesidad o avaricia?
El abogado especialista recordó que para otorgar la pensión por jubilación se deben de cumplir con tres características: la edad el número de años trabajados y que el trabajador deje de tener una relación laboral, lo que considera un asunto medular, además de que las pensiones se dan porque la persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad económica y al volver a trabajar, esta vulnerabilidad no existe.
«La pensión es un derecho de carácter de Previsión Social; está dirigida a sectores, con un estado de vulnerabilidad específico. La vulnerabilidad económica, cuando dejan de tener un empleo, dejan de tener un ingreso, ahí es donde opera la aplicación de la jubilación, en ese caso, esa condición desapareció porque la magistrada Celia Maya ya no está en un estado de vulnerabilidad económica, el espíritu de la ley protege esa situación, efectivamente para acceder al cargo como consejera, no establece ninguna situación de que sea jubilada, no pueda acceder al cargo, sí, pero sí tiene que suspenderse el pago de la jubilación», detalló José Luis González Godínez.
Dos hermanos, 4 ingresos
A su vez, los hermanos Juan Martín y Juan Marcos Granados Torres, quienes son exsecretario de Gobierno y exsecretario de Seguridad Ciudadana, reciben dinero tanto por su pensión como por su salario Es pertinente destacar que, luego de la primera declaración de la magistrada Mariela Ponce, esta se negó a hablar con los medios respecto a las acciones que tomaría respecto a Celia Maya y su jubilación.
«Ya informé de ese tema, ya no tengo nada nuevo que informar, si me preguntan del informe con mucho gusto, pero si es de otro tema ahorita discúlpeme voy con mi familia», destacó Mariela Ponce Villa.
En casa de juristas…
La magistrada Ponce Villa es esposa de Juan Martín Granados Torres, quien fue pensionado por el Municipio de Querétaro en 2012, cuando se desempeñaba como coordinador de proyectos en la Secretaría General. Actualmente es Asesor de Políticas Públicas del Gobierno del Estado y percibe por ambos conceptos más de $139 mil pesos mensuales: $49 mil 430 pesos de pensión y $89 mil 649 como asesor, de acuerdo a lo publicado por los portales de transparencia del gobierno estatal y municipal de Querétaro.
Sucede algo similar con su hermano Juan Marcos Granados Torres, quien fue jubilado en 2013 cuando tenía el cargo de asesor de la Secretaria Particular del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y recibe una pensión de $103 mil 407 pesos mensuales, más lo que recibe como asesor de municipios como El Marqués y Tolimán, de acuerdo a los boletines emitidos por los gobiernos de esas demarcaciones.
Aunque no se detalla el monto otorgado por el gobierno de El Marqués, si lo otorgado el año pasado por Tolimán, pagando más de $42 mil pesos mensuales por sus servicios en la modalidad de honorarios.
Echeverría Cornejo
En este mismo supuesto se encuentra el fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, que tiene una pensión de $90 mil 772 pesos mensuales, tras haber sido pensionado en 2014 también por el Municipio de Querétaro, por haber sido coordinador de Estrategia e Inteligencia Policial, función adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio (SSPM) de Querétaro y percibe un sueldo de $96 mil 490 pesos mensuales como Fiscal General.
Dichos
Los tres funcionarios públicos, cuando entraron al gabinete del exgobernador Francisco Domínguez del 2015 al 2021, anunciaron que renunciarían a sus pensiones, con base en el artículo 132 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Querétaro; sin embargo, esto no pudo ser confirmado en algún documento oficial y actualmente aparecen en los archivos de transparencia como que reciben ambos ingresos.
Para el abogado González Godínez el recibir una jubilación o no mientras se percibe un salario como funcionario público por encima de si es legal debe de observarse desde el punto de vista ético, ya que se pagan con recursos públicos y es algo que claramente atenta contra la ley.
«Se está violando la ley porque las dependencias al momento de tener la información de que hay una incorporación al trabajo tienen que suspender y sucede, por ejemplo, en el área privada, que un trabajador que es pensionado por el seguro social, y de repente se pone activo, se pone trabajar en otro lado, y lo que hace es no notificar al seguro social para que no le retiren su pensión, quizás se den estas componendas, que la dependencia diga, ‘es que no estaba enterado que estaba jubilado’, pero, es una responsabilidad de la dependencia porque tendríamos que recordar que esos recursos se pagan del erario público, desde luego, es algo que atenta contra la ley, ahí sí, muy claramente», manifestó José Luis González Godínez.
Igualdades
Para el especialista también es un asunto de privilegios, ya que a un trabajador común siempre se le retira la pensión si vuelve a laborar; es decir, cumplen con la ley, pero para los funcionarios públicos pareciera que el cumplir la ley es una opción y no una obligación.
«Ahí sí se aplica estrictamente la ley. ¿Qué pasa en otros casos? Pues la explicación única es que hay ciertas componendas que permiten esas cosas, a trabajadores comunes y corrientes se nos aplica estrictamente la ley, cuando se trata de funcionarios públicos, responde a esto a componendas entre ellos, a hacerse los distraídos, puede decir la dependencia ‘es que a mi no me ha notificado formalmente que está jubilado’, por eso no le puedo suspender, todos lo casos que he mencionado es público, ahí es la conducta y la actitud de cada una de las personas, la ley es pareja para todos, se aplica para cada quien pues creo que eso es un criterio discrecional», lamentó José Luis González Godínez.
Cabe recordar que todas las pensiones mencionadas se dieron dentro de polémica tanto la de la magistrada, como de los hermanos Granados y del propio fiscal, esto por los montos como por los años necesarios para obtener la pensión, pero que finalmente se determinaron legales.
No solo estas jubilaciones fueron polémicas, sino también la de Jaime Escobedo, extitular de la Usebeq, quien aseguraba cumplir con los años necesarios, a pesar de ser joven, por lo que posteriormente se modificó la ley a fin de incrementar los años y poner un monto tope para estas pensiones.