El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán y la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi) se pronunciaron en contra del intento del desalojo de la denominada Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, antes instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Ciudad de México.
Subrayaron que la comunidad otomí residente en la Ciudad de México en su mayoría es originaria de Santiago Mexquititlán y fueron violentados y reprimidos por policías de la capital del país durante este intento de desalojo; por lo que solicitaron pare la violencia de Estado contra la comunidad indígena.
Intento de desalojo
Indicaron que el pasado 15 de octubre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lesionaron a alrededor de 10 personas, al intentar desalojar la Casa que fue tomada desde hace tres años por la comunidad otomí originaria de Santiago Mexquititlán, pero que reside actualmente en Ciudad de México.
En este intento de desalojo denunciaron que hubo uso desmedido de la fuerza pública contra niñas, niños y adultos mayores, que terminó con personas lesionadas; por lo que señalaron que es parte de una acción de represión sistemática que se ha tenido en contra de la comunidad otomí.
Ante ello, organizaciones queretanas se unieron a las exigencias para que pare la represión y continúen con las mesas de dialogo para cumplir sus demandas, señaló Estela Hernández, parte del Concejo.
«Como Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, nos sumamos a las exigencias justas de la comunidad otomí residente en la ciudad de México. Uno, diálogo entre Martí Batres Guadarrama y la comunidad otomí residente de la Ciudad de México sin condicionamiento; dos, la expropiación de los predios y la construcción de las viviendas acordadas previamente y no cumplidas con el estado, exigimos alto total al hostigamiento, represión, violencia y violación a los derechos humanos que incluye tortura sexual a las mujeres de la comunidad otomí de la Ciudad de México, residentes en la Ciudad de México», denunció Estela Hernández.
Toma
Cabe recordar que la toma del INPI se llevó a cabo el 12 de octubre de 2020, con el objetivo de que se cumplieran sus demandas como derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación y servicios de la salud, luego que desde el sismo del 2017 la comunidad otomí fue desalojada de un predio que ocupaban en la colonia Roma de la capital del estado.
En la toma también señalaban que el INPI no los representaba y por el contrario veía por los intereses de empresas trasnacionales. Otra de sus demandas era que pararan los acosos a las comunidades zapatistas por parte del Estado, así como que no continuaran los megaproyectos como el Tren Maya y la Refinaría Dos Bocas, entre otros.