Carlos Bautista Sánchez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro (CCPQ), expresó su preocupación por que el Ejecutivo federal aún no ha publicado el Presupuesto de Egresos 2025; lo que podría traer consigo una reforma a la Ley Fiscal. Bautista Sánchez recordó que Claudia Sheinbaum, presidenta electa, ha declarado que no contratará deuda ni incrementará impuestos, pero señaló que, con el nivel de gasto público actual, cumplir con esos compromisos sería complicado.
Incertidumbre
El plazo para la presentación del paquete económico, que tradicionalmente se entregaba el 8 de septiembre, se ha extendido hasta el 15 de noviembre debido al cambio en la toma de posesión del nuevo gobierno. Esto ha generado incertidumbre en el gremio contable, que se mantiene a la expectativa de las decisiones económicas que tomará el nuevo Ejecutivo, especialmente en lo relacionado con una posible reforma fiscal.
«Ahora el plazo de cada año era el 8 de septiembre, pero, ahorita ya se cumplió este plazo. Al momento en que se cambia la toma de protesta, el inicio de la nueva gestión del ejecutivo federal para el primero de octubre, también cambian los plazos para dar la oportunidad al nuevo ejecutivo a que presente la cuestión económica y de egresos que va regir para el siguiente año», informó Carlos Bautista Sánchez.
Perspectivas
Además, Bautista Sánchez destacó que los criterios económicos presentados hasta abril ya indicaban algunos parámetros, como el tipo de cambio y el precio del barril de petróleo, pero advirtió que estos podrían ajustarse conforme avance la administración. También señaló que, aunque se prevén recortes al gasto público, en la práctica se han observado superávits en ciertas áreas; lo que afecta a sectores sensibles como el de la salud.
En cuanto a la Reforma Judicial, Bautista Sánchez mencionó que uno de los cambios más importantes es la obligación de los tribunales federales de resolver asuntos tributarios en un plazo máximo de seis meses. Si no cumplen con este plazo, los jueces serán llamados al Tribunal de Disciplina para justificar el retraso. Sin embargo, existe preocupación sobre si estos seis meses se aplicarán también a los incidentes y amparos; lo que podría alargar nuevamente los procesos, ya que hay litigios que pueden tardar años.