FOTO: Ángel Rodríguez |
Hasta el momento, solo se investiga en el estado de Jalisco, ya que se buscará a las personas en otras entidades cuando se tenga certeza de que están en dichos lugares, afirmó
Aunque se solicitó colaboración con la Fiscalía General de Jalisco por los hechos violentos ocurridos el pasado 5 de marzo en el estadio Corregidora, hasta el momento, no ha existido respuesta, reconoció Alejandro Echeverría Cornejo, titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, quien comentó que ya han comparecido 38 funcionarios públicos por estos hechos.
En entrevista, el fiscal general recordó que, hasta el momento, van 45 órdenes de aprehensión otorgadas por el juez de control, 27 personas detenidas, y se han realizado 43 cateos; además de que, desde el pasado viernes, se solicitó colaboración con la Fiscalía General de Jalisco, y el Club Atlas. Sin embargo, solo ha respondido el Club Atlas, y este martes se tendrá un encuentro con su representante legal.
«También los mantuvimos informados en ese sentido, de comentarles e informarles, que también pedimos pues el viernes pasado, una colaboración a las autoridades de Jalisco, de manera muy particular a la Fiscalía General del Estado de aquella entidad, estamos en espera de su respuesta y también al Club Atlas, que también de alguna manera tienen la obligación de proporcionar información de los hechos que ocurrieron aquí», precisó el Fiscal.
Echeverría Cornejo apuntó que siguen abiertas las investigaciones, y aún hay líneas de investigación pendientes por concluir. Respecto al resto de las órdenes de aprehensión pendientes, el fiscal mencionó que los cateos realizados no solo implicaban recabar indicios, pues también el aseguramiento de al menos una persona; por lo que se presume que posiblemente abandonaron la ciudad.
Señaló que, hasta el momento, solo se investiga en el estado de Jalisco, ya que se buscará a las personas en otras entidades cuando se tenga certeza de que están en dichos lugares. Apuntó que, hasta el momento, han comparecido 38 servidores públicos, pero no se puede decir si hay órdenes de aprehensión o no hacia personas que laboran en la administración pública.