Tras los hechos fueron suspendidos cinco funcionarios
Aún no ha llegado un trámite de renuncia sobre algún funcionario público, mencionó el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza, esto al ser cuestionado sobre la posible renuncia de algún sevidor, entre estos, del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella. El funcionario estatal dijo que la secretaría de Gobierno es la vocería en lo relacionado con la violencia registrada en el estadio Corregidora el cinco de marzo.
Esto tras trascender la posible salida del titular de Protección Civil del Estado ante las investigaciones que se llevan a cabo por la violencia en el estadio. Cabe recordar que, tras los hechos, fueron suspendidos cinco funcionarios, entre estos el director de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); el encargado de la Unidad de Campo, un policía estatal, así como el coordinador de Eventos y comisionado para el partido, y el responsable del área de gestión de riesgos de Protección Civil.
Oficialía Mayor sólo finiquita
Además, recientemente fueron detenidos cuatro servidores públicos, entre estos, policías estatales y municipales, por sus omisiones durante los hechos. Sin embargo, Ramírez Retolaza subrayó que las renuncias las presentan ante sus dependencias y a Oficialía Mayor solo lleva el informe para entregar el finiquito.
«No me ha llegado ninguna renuncia (…) es la Secretaría de Gobierno es la que les puede dar todo. Ustedes saben que el propio gobernador comentó que la vocería en todos estos temas sería a través de la Secretaría de Gobierno», declaró. Por otra parte, personal de la dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro confirmó la salida de Carlos Olguín González como titular de la dependencia; sin embargo, aún se desconoce quién llegará en su lugar.
Cabe recordar que, en el 2014, Olguín se desempeñaba como secretario de Administración de San Juan del Río y, según notas de ese entonces, compareció ante integrantes del Ayuntamiento por irregularidades detectadas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).