Este 5 de marzo se cumplen 3 años de la riña que se registró en el Estadio Corregidora donde fueron detenidas 47 personas con órdenes de aprehensión, se lograron 16 sentencias, hubo sanciones al Club Gallos Blancos, se modificó la seguridad en el estadio y fueron cesados integrantes del gabinete estatal.
Los hechos ocurrieron durante un partido de fútbol de la Liga Mx entre Gallos Blancos de Querétaro y Atlas, donde tuvo como resultado 26 personas heridas, de las cuales 24 requirieron hospitalización entre estado estable a grave.
Las consecuencias penales de los hechos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro fueron 56 cateos en 6 municipios, se solicitaron 77 órdenes de aprehensión de las cuales 47 fueron cumplimentadas, se vincularon a proceso a 57 personas y se lograron 16 sentencias.
Algunas de las detenciones se realizaron identificando a las personas por videos y se les acusó por diversos delitos como homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito.
Medidas aparentes
Para el equipo Gallos Blanco tuvo que cumplir un veto por un año para realizar sus partidos sin público, se impuso una multa de 1.5 millones de pesos, la directiva de Querétaro tuvo que devolver la franquicia a Grupo Caliente, así como se prohibió el ingreso de los grupos de animación o porras durante tres años y de visitante por un año.
Los hechos también generaron cambios en la seguridad en los estadios, como la implementación del registro Fan ID para toda persona que ingrese a los estadios, así como se habló de la credencialización de las porras, pero de acuerdo con testimonios no siempre se piden.
En el Gobierno del Estado de Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri González realizó dos cambios en su gabinete en la Secretaría de Seguridad Ciudadana cesó a Miguel Ángel Contreras Álvarez y en su lugar llegó Iován Elías Pérez, mientras que en Protección Civil cesó a Carlos Rodríguez DiBella y en su lugar llegó Javier Amaya Torres.
También se reforzó la vigilancia en eventos deportivos y masivos, se realizó una supervisión de las empresas de seguridad privada y, aunque se habló de la necesidad de una iniciativa de Ley de Seguridad Privada, esta no ha avanzado en el Congreso local.
