A pesar de que Paul Ospital diputado por el PRI, le señaló coincidir en cómo se planteó el oficio, finalmente no lo firmó
Solo se obtuvieron 4 firmas de diputados que respaldaron la promoción de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley que Regula los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, señaló la diputada por Morena Andrea Tovar Saavedra, quien creó el proyecto y buscaba que sus homólogos lo respaldaran.
Debido a esto, no fueron las suficientes para poder presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además de la diputada de Morena, los otros firmantes fueron Yasmín Albellán, Armando Sinecio y Juan José Jiménez de su bancada; solo faltó Christian Orihuela de su grupo.
«Desafortunadamente no hubo voluntad política, para poder presentar desde la Legislatura esta acción, ya que no se juntaron las 8 firmas necesarias, creo que el esfuerzo se hizo, los argumentos ahí están, sin embargo, no puedo forzar a nadie, ni obligar a nadie a sumarse a este tipo de temas, tengo 4 firmas, el diputado Sinecio, el diputado Juan José, la diputada Jazmín y yo», argumentó la morenista.
En ese sentido, explicó que a pesar de que Paul Ospital diputado por el PRI, le señaló coincidir en cómo se planteó el oficio, finalmente no lo firmó. Se necesitaban 8 firmas para que fuera válido y se presentará ante la máxima instancia de impartición de justicia del país, pero solo se juntaron la mitad.
Anteriormente, Graciela Juárez y Juan Guevara, del PRI, comentaron que Tovar Saavedra no les entregó el proyecto y desconocían su contenido; a lo que la diputada de Morena explicó que los intento buscar, pero no hubo respuesta favorable y no quería estar difundiendo el escrito; y, debido a que percibió que no había voluntad política de los priistas para analizarlo, decidió no darles entrega de este.
Hay 4 mediadores de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN: La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y la Legislatura de Querétaro son dos que lo pueden promover, pero en dichas instancias no se logró; aún queda la judicatura de presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que podrían interponer la acción.