A tres años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización de la interrupción del embarazo en México, el estado de Querétaro sigue manteniendo en vigor leyes que penalizan a las mujeres con hasta nueve años de prisión por realizar este acto, debido a que las y los diputados de la Legislatura del Estado se han negado, incluso abiertamente, a eliminar estas penas para las mujeres, pese a actuar en contra de la disposición federal.
A pesar del fallo en 2021, los artículos del Código Penal del Estado de Querétaro que sancionan esta práctica no han sido derogados; lo que coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, pues quienes deciden abortar se enfrentan a la persecución y violencia de sus parejas, a largos procesos jurídicos y a la indefensión frente al Estado y las instituciones, sobre todo en las periferias.
Redes de apoyo, en la sombra
En Querétaro muchas mujeres se ven obligadas a recurrir a redes y colectivas feministas para obtener información y apoyo. Una joven de 27 años de la capital queretana, bajo anonimato, comentó que, a pesar del apoyo, sentía miedo y nerviosismo por lo que podría pasar. Le preocupaba que, si el sangrado era excesivo, tendría que acudir al hospital y enfrentarse a la posibilidad de ser denunciada y puesta en custodia: Temía que en los estudios y revisiones médicas pudieran detectar el activo de las pastillas; lo que la expondría a persecuciones legales que, pese a estar declaradas inconstitucionales, siguen siendo efectivas en Querétaro.
La joven consideró que las mujeres deben tener acceso a la información durante el proceso de aborto y con ello que se les pueda brindar un acompañamiento seguro por parte de médicos e instituciones de salud. Por ello, hizo un llamado a las autoridades a que se lleven a cabo campañas de educación sexual y planificación familiar dirigidas a las juventudes, así como también crear condiciones para que las mujeres puedan abortar sin ser penalizadas.
Criminalización
El testimonio de mujeres que buscan interrumpir su embarazo en Querétaro revela un patrón de dificultades, obstáculos legales, falta de acompañamiento médico, prejuicios sociales y persecuciones, especialmente en un contexto donde el aborto sigue siendo penalizado. Marlene Martín Rico, integrante de la colectiva Las Temis, Servicios Estratégicos, denunció que las mujeres en Querétaro enfrentan procesos revictimizantes cuando deciden interrumpir su embarazo. Estos procesos, lejos de proteger sus derechos, las colocan en una posición de indefensión.
La ley contra la ley
En primer lugar, a las mujeres que se les imputa el delito de aborto deben interponer un amparo para evitar ser castigadas o perseguidas, lo que implica una sobrecarga procesal. Además, aquellas que no cuentan con ingresos suficientes dependen de la defensa proporcionada por el Estado; lo que las coloca en una mayor situación de vulnerabilidad. En el 90% de los casos, el Estado no ofrece una defensa adecuada, limitándose a acuerdos reparatorios y procedimientos abreviados que terminan inculpando a las mujeres.
Además, denunció que las mujeres también son criminalizadas por sus parejas, quienes las acusan de violencia familiar, argumentando que abortaron al «producto de la concepción». Esta acusación se ha convertido en una herramienta legal para perseguir a las mujeres. En los últimos dos años, se han registrado dos casos en los que mujeres fueron acusadas de violencia familiar tras interrumpir su embarazo. Sin embargo, solo uno de estos casos fue judicializado.
Violencia y abusos
La vulnerabilidad que enfrentan las mujeres al interrumpir su embarazo en la capital de Querétaro se replica en las periferias del estado, como la Sierra Gorda y el semidesierto. En estas regiones se ha identificado la violencia y el abuso por parte de sus parejas como una de las principales causas de embarazo no deseado.
Mayra Dávila, vocera de Adax Digitales, denunció que las mujeres de la región de la Sierra son vulnerables a embarazos no deseados, debido a que sus parejas evitan el uso de métodos anticonceptivos, las persuaden para que no los utilicen o incluso se los retiran durante las relaciones sexuales. Explicó que estos casos se enmarcan en situaciones de violencia y abuso, donde las mujeres ven anulada su capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos y sus opiniones son ignoradas en el contexto de su vida sexual.
Sociedad activa
Dávila señaló que han comenzado a trabajar con un banco de misoprostol y han lanzado campañas de prevención y educación sexual en la Sierra Gorda. Este año, han entregado 62 dosis de misoprostol y el banco atiende a mujeres de municipios como Tolimán, Peñamiller, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Arroyo Seco, y zonas de la Huasteca Potosina. Enfatizó la necesidad de que la Legislatura despenalice y legalice el aborto en Querétaro, además de establecer un marco legal que permita a las mujeres acceder a los servicios públicos de salud para la interrupción de su embarazo.
Fiscalías vs Código Penal
A pesar de que la SCJN declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres por interrumpir su embarazo, en Querétaro persisten las carpetas de investigación debido a que el Código Penal estatal no ha sido reformado. La Fiscalía General del Estado continúa generando reportes e indicadores de casos relacionados con el aborto. Hasta julio del 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó la apertura de un total de 29 carpetas de investigación por el delito de aborto en el estado.
Kuri, gobernador
Desde el inició de la administración de Mauricio Kuri González (octubre del 2021 hasta julio del 2024) se han iniciado un total de 89 carpetas de investigación por el delito de aborto en Querétaro. En 2021 se registraron 10 casos, en 2022 un total de 39, en 2023 fueron 11, y en lo que va de 2024 se han registrado 29 casos.
Cabe destacar que el capítulo quinto del Código Penal de Querétaro establece penas de uno a tres años de prisión para las mujeres que interrumpen su embarazo, ya que considera un delito causar la muerte del producto de la concepción antes del nacimiento.
Además, se sanciona a quienes participen o consientan que una mujer aborte, incluyendo al personal médico y sus auxiliares. Sin embargo, el artículo 142 del mismo código estipula que el aborto no es punible cuando el embarazo es resultado de una violación o si fue causado involuntariamente por la mujer embarazada.
Inconstitucional
El 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización de las mujeres por interrumpir su embarazo. A partir de esta resolución, las leyes penales en todas las entidades federativas deben alinearse con este fallo, lo que implica la derogación de los artículos que contemplen sanciones contra las mujeres por abortar. Esto obliga a los estados a modificar sus marcos legales para garantizar que no se penalice a las mujeres por ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo.
Al igual que en Querétaro, en los estados de Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán se sigue penalizando a las mujeres que interrumpen su embarazo. En cambio, en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes el aborto ha sido despenalizado hasta las 12 semanas de gestación. En Jalisco, Coahuila y Chihuahua cuentan con fallos tribunales estatales y federales para erradicar las penas por la interrupción del embarazo.