Juan Carlos Hernández denunció haber sido víctima de abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de Corregidora, tras ser detenido arbitrariamente a mediados de mayo mientras observaba y grababa un operativo en la vía pública, por lo que presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ).
Detalló que los hechos ocurrieron a mediados de mayo cuando observó a oficiales revisando la cartera de una persona detenida; por lo que decidió grabarlos desde la acera, sin interferir, pero fue confrontado por los elementos, quienes le exigieron identificarse.
“Por chismoso”
Al negarse, debido a que no había cometido ninguna falta, fue detenido por los agentes “por chismoso” le dijeron los oficiales, asimismo durante la detención, señaló que había sido operado recientemente de la clavícula, pero aun así fue esposado, lo que agravó su lesión y derivó en una segunda cirugía.
Afirmó que durante su detención no se le proporcionó atención médica adecuada, ya que aunque pidió la presencia de un médico legista, solo recibió una inyección de ketorolaco por parte de una ambulancia de Protección Civil. Además, dijo que la jueza cívica que recibió el caso justificó la detención porque Hernández no se identificó y también lo llamó “chismoso”
Denuncia
Explicó que la denuncia formal se presentó ante la DDHQ a principios de junio con el expediente DDH/128/2025, asimismo interpuso un recurso ante el Órgano Interno de Control, pero no se les proporcionó acuse ni número de expediente.
Entre las posibles violaciones a derechos humanos destacó la detención arbitraria, actos de molestia sin fundamento legal, uso desproporcionado de la fuerza y tratos inhumanos. Señaló que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se negó a entregar los videos de las cámaras corporales de los oficiales, alegando que por “temporalidad” ya no existían los archivos.
Finalmente, sostuvo que no buscan una indemnización económica, sino el reconocimiento del error por parte del Municipio, una disculpa pública y la capacitación efectiva en derechos humanos para los elementos de la corporación.