Ciudadanos que denuncian haber sido defraudados por diversas empresas inmobiliarias en Querétaro anunciaron que han solicitado a las embajadas de tres países emitir una alerta para que los ciudadanos sobre el riesgo de invertir en desarrollos inmobiliarios en Querétaro.
Fraudes y empresas
Mario Ramírez, uno de los voceros del grupo de ciudadanos defraudados, declaró que los fraudes ascienden a aproximadamente $15 mil millones de pesos, con al menos 30 mil propiedades comprometidas en cuatro desarrollos: El Encino, Quercus, El Roble y Tierra Noble, ubicados en los municipios de Querétaro, Huimilpan y Colón.
Los desarrollos señalados están vinculados a las empresas Camelot Desarrollos, Generación de Desarrollos Sustentables, Carther Desarrollos y Proyectos Inmobiliarios, así como sus empresas hermanas, Continental Grass Producer y Landscape México, las cuales están señaladas por diversos delitos, entre ellos: fraude genérico, delitos contra el desarrollo urbano, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Fiscalías
Claudia Manilla, una de las afectadas, relató que adquirió su terreno en 2018 por $576 mil pesos de contado bajo la promesa de urbanización completa en dos años; sin embargo, siete años después, el predio carece de servicios básicos como luz, drenaje y agua, haciéndolo «un terreno sin valor».
Los afectados han contabilizado más de 400 carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía del estado, pero muchas se encuentran “congeladas”, según denunciaron ya que, de acuerdo con uno de los representantes legales de algunas de las denuncias, Saúl García Guerrero, éstas fueron archivadas arbitrariamente, aunque posteriormente reactivadas por orden de tribunales tras apelaciones.
Los afectados aseguran que la intención es evitar que más personas sean víctimas de la las preventas inmobiliarias en Querétaro, una problemática ante la que, afirmó, el gobierno no ha respondido de manera efectiva.
Política
Como parte de sus acciones, los afectados han entregado documentos a la Cámara de Diputados y a la Presidencia de la República, para solicitar la intervención de autoridades federales en el caso. Al ser cuestionados sobre si su denuncia se estaba politizando, debido a que la semana pasada se presentaron en la Cámara de Diputados con el legislador federal Gilberto Herrera para denunciar el hecho, los quejosos argumentaron que “el tema forzosamente se vuelve político al momento en que se requiere un cambio en la legislación”.
Denuncias internacionales
Abundaron que el fraude asciende a más de $750 millones de dólares (unos 15 mil millones de pesos a valor de compra), es por ello que advirtieron que además de las autoridades federales, se está buscando escalar la denuncia a organismos internacionales para que desde estas instancias se pueda hacer un llamado a las autoridades locales y que actúen en consecuencia.
Amigos del gobierno
Aunque informaron que las autoridades locales han ofrecido mesas de diálogo a través de la Secretaría de Gobierno, señalaron que esto ha sido una estrategia dilatoria, ya que desde hace más de cuatro años se han iniciado mesas de diálogo en diversos momentos, pero no se ha avanzado en el tema; por lo que denunciaron complicidad por parte de las autoridades queretanas.
Aseguraron que al menos dos de las empresas involucradas en el fraude inmobiliario actualmente son prestadoras de servicios en la administración estatal; por lo que advirtieron que se trata de “amigos del gobierno”. Aseguraron que el objetivo no es dañar la imagen del estado, sino visibilizar una situación real y advertir que “el sueño queretano” no existe.
Fraudes en estados
Javier Ramírez subrayó que los desarrollos fraudulentos no se limitan a Querétaro, ya que se han identificado proyectos similares en Sinaloa, Sonora y Yucatán, así como una presunta empresa fantasma en San Antonio, Texas.
Sobre el accionar de las fiscalías, acusó que las autoridades catalogan el delito como “instantáneo”, similar a un asesinato, cuando debería considerarse “continuado”, por la persistencia del engaño. Finalmente, señalaron que no están dispuestos a renunciar a su patrimonio, por lo que la intención es recuperar hasta el último centavo, con daños, perjuicios y penalizaciones, además de exigir que los responsables obtengan la pena máxima de 15 años por el delito de fraude.