La sentencia de prisión dictada contra el agresor sexual de Lluvia aún no puede ejecutarse debido a que existe un amparo en trámite ante la autoridad federal, relacionado con la medida cautelar de prisión preventiva, informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Braulio Guerra Urbiola.
Explicó que el Poder Judicial del estado ya resolvió el fondo del asunto y emitió la condena correspondiente de 22 años y 9 meses de prisión; sin embargo, el proceso quedó sujeto a lo que determine el órgano federal respecto al amparo promovido cuando se modificó la medida cautelar a prisión preventiva.
Detalló que, tras el cambio de medida, la defensa del sentenciado recurrió al amparo, y mientras este recurso no sea resuelto, la persona juzgadora no puede actuar en consecuencia para hacer efectiva la prisión, ya que el recurso federal otorga una protección provisional frente a determinadas acciones.
«Existe en este caso un amparo y está a lo que se diga en el amparo, hay una sentencia, ya el poder judicial ya resolvió 22 años de prisión y se está algo dispuesto a lo que ese amparo determine porque el amparo desde la prisión preventiva se quedó pendiente que se resuelva», afirmó Braulio Guerra.
Resolución federal
El magistrado precisó que el tribunal debe esperar la resolución federal para proceder conforme a derecho y detalló que los tiempos de resolución dependen exclusivamente de la instancia federal. Guerra Urbiola señaló que sostendrá un encuentro con familiares y personas interesadas en expresar inquietudes sobre el caso, a fin de dialogar directamente y atender sus planteamientos.
Es de recordar que, Rocío González Ramírez, madre de Lluvia, informó previamente que, pese a la sentencia dictada el pasado 15 de diciembre, el agresor continúa en libertad con la medida cautelar de brazalete electrónico y ha manifestado su intención de apelar.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de La Piedad, en el municipio de El Marqués, donde Lluvia fue víctima de abuso sexual agravado por parte de su progenitor. Tras la denuncia, el proceso judicial enfrentó retrasos que impactaron emocionalmente a la menor, quien se quitó la vida el 24 de septiembre de 2025.