El Director de Anima Naturalis consideró que tanto las corridas de toros como las peleas de gallos violan preceptos constitucionales como el del derecho a un ambiente sano, a la dignidad humana y a la salud
El pasado 7 de noviembre la organización Anima Naturalis presentó una demanda contra la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Gobierno y Congreso del Estado y también a los 18 municipios de la entidad queretana por ejecutarse reglamentos que autorizan la realización de corridas de toros en las diferentes localidades; mencionó en un comunicado de prensa el Director de Anima Naturalis, Arturo Berlanga.
Consideró el Director de Anima Naturalis que tanto las corridas de toros como las peleas de gallos violan preceptos constitucionales como el del derecho a un ambiente sano, a la dignidad humana y a la salud. Además, argumentó que estos espectáculos violan disposiciones a la Ley Federal de Sanidad.
Explicó que la matanza realizada dentro de los espectáculos taurinos a manos de toreros, novilleros y rejoneadores es ilegal ya que estas matanzas se realizan en contra de los métodos que se estipulan en la Ley Federal y Norma Oficial para el Sacrificio de Animales, aclaró que esta ley debe ser respetada en todos los estados de la República Mexicana.
Mencionó que en el juicio de amparo que interpuso esta organización, las autoridades de los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y El Marqués negaron haber expedido permisos para celebrar corridas de toros a la autoridad judicial.
Enfatizó que a pesar de la negación por parte del municipio de Ezequiel Montes sobre la expedición de permisos para la celebración de este espectáculo, se anunció en la Feria de Ezequiel Montes la presentación de la tauromaquia.
Destacó Arturo que los reglamentos internos de estos municipios establece las facultades para autorizar el espectáculo de la tauromaquia y enfatizó que el municipio de Querétaro cuenta con un reglamento taurino, mismo que fue negado ante la autoridad.
Finalmente, mencionó que se considera delito en el Código Penal Federal y puede ser castigado con la destitución de un cargo público el rendir un informe a la autoridad judicial que tenga información falsa o niegue la verdad y que la organización Anima Naturalis pedirá al Juzgado de Distrito y al Ministerio Público de la Federación que analice este caso por los probables delitos emitidos por los servidores públicos; asimismo detalló que esta organización presentarán las denuncias correspondientes.