Trabajadores y encargados de una gasolinera ubicada en la colonia San Gregorio, en la capital de Querétaro, decidieron atrincherarse para impedir una inspección por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA).
Fue la propia Profeco la que denunció que los trabajadores de este establecimiento decidieron no permitir la revisión y apagaron los equipos, dejando de prestar el servicio, al notar la presencia de los verificadores.
El procurador Iván Escalante explicó que este operativo se llevó a cabo en ocho gasolineras de tres municipios del estado. Aclaró que los propietarios están en su derecho de negarse a una verificación, pero esta estación ya ha rechazado inspecciones en reiteradas ocasiones, no solo de Profeco, sino de otras instancias, lo que dijo, indica “que algo no está bien”.
«Hacemos una selección de estaciones de servicio que tienen varias anomalías e inconsistencias. Y partir de ahí es cuando venimos. Hay estaciones de servicios que fallan y vienes y se te niegan a ser verificado en reiteradas ocasiones, algo está mal», informó Iván Escalante.
Por su parte, Armando Ocampo Zambrano, director ejecutivo de la ASEA, señaló que la negativa de verificación representa un riesgo ambiental y de seguridad operativa, al precisar que la verificación revisa que se cumplan las medidas en materia de impacto ambiental y seguridad y cuando una estación de servicio se niega a ser inspeccionada de manera reiterada, se pueden habilitar sanciones más severas, como multas, clausuras o incluso la revocación de su permiso.
Precio bajo
Las autoridades señalaron que el precio de la gasolina que ofrecía esta estación de servicio estaba muy por debajo del precio promedio, lo que también representa un motivo de alerta. Dijo que se le notificó a la estación que se inició un procedimiento, debido a que no fue la primera negativa de revisión, sin que los trabajadores o administrativos salieran de la oficina donde se atrincheraron.
Respecto a las sanciones a las que se podrían hacer acreedores, dijo que ésta dependerá del número de dispensarios, el monto de ventas; para lo que se tendría que pedir información al SAT; por lo que el rango es muy amplio que podría ir desde “300 pesos hasta 10 millones de pesos”, ejemplificó el titular de la Profeco.