La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro aprobó el dictamen para emitir la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el estado de Querétaro, que promueve la oralidad y la justicia digital, con una implementación gradual que comenzará en junio de 2026 y concluirá en marzo de 2027 en la entidad.
El dictamen, que fue impulsado a partir de la solicitud presentada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Braulio Guerra Urbiola, fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la comisión.
Fechas
De acuerdo con el calendario avalado, la entrada en vigor iniciará el 1 de junio de 2026 en el distrito judicial de San Juan del Río; en diciembre del mismo año se aplicará en Amealco, Cadereyta, Tolimán y Jalpan; y el 29 de marzo de 2027 comenzará en el distrito judicial de Querétaro. Los asuntos iniciados antes de esas fechas continuarán tramitándose conforme a la legislación procesal vigente al momento de su inicio.
«Con un plan general de implementación que contempla capacitación, infraestructura habilitación de salas de audiencia y adecuaciones administrativas, con esto Querétaro es nuevamente es símbolo de evolución y avance en el ámbito nacional, al sumarse a las disposiciones del Código Nacional, pues con ello, se homologan procedimientos, se reducen desigualdades procesales, y se impulsa la oralidad y la justicia digital, se dota de una protección reforzada a niños, niños y adolescentes», informó Braulio Guerra Urbiola.
El diputado Homero Barrera destacó que la implementación responde a la reforma constitucional publicada en 2017, mediante la cual se otorgó al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para expedir una legislación procesal única en materia civil y familiar para todo el país, mandato que se concretó en junio de 2023 con la expedición del nuevo ordenamiento nacional.
Gradualidad
De igual forma, destacó que la implementación gradual permitirá una transición ordenada y presupuestalmente planificada, además de fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad en asuntos familiares. En la misma sesión fue aprobada por unanimidad la iniciativa que reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado en materia de justicia cívica administrativa con perspectiva de género, propuesta por la diputada Adriana Mesa Argalusa.
La modificación establece la obligación para autoridades municipales, policías y jueces cívicos de actuar con perspectiva de género y conforme a protocolos que eviten la revictimización y la violencia institucional contra mujeres, tanto en calidad de ofendidas como de probables infractoras.