Legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusieron reformas en materias de justicia cívica y contra la violencia estética en Querétaro, así como una propuesta para homologar las penas federales por feminicidio, estableciendo un mínimo de 40 años de prisión por este delito.
Local
La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y que así las corporaciones policiacas integren de manera obligatoria la perspectiva de género en sus procedimientos, es decir, la regulación de prácticas como la revisión por policías mujeres hacia otras mujeres.
De igual forma, una segunda iniciativa que se enfoca en incluir la violencia estética y simbólica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, combatiendo discriminación y agresiones basadas en la apariencia física, reconocidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Federal
A su vez, Abigail Arredondo Ramos, dirigente estatal del PRI y diputada federal, destacó que en la entidad se registran más de 30 mil casos de justicia cívica al año, motivo por el cual busca, además de incluir la perspectiva de género en los protocolos de actuación de las corporaciones policiacas y en los juzgados cívicos, homologar las penas por feminicidio en el país, estableciendo un mínimo de 40 años de prisión, dado que actualmente varían entre 25 y 60 años dependiendo del estado.
“Si bien vemos que en los estados ya está regulado, ya hay una sanción y una pena, las penas varían y no son uniformes: no es homogéneo. Hay estados que tienen 60 años mínimo. Hay estados como Querétaro que tienen 25 años. Cuando haces un análisis de alguna persona que este tipo de pena te encuentras que se le redujo todavía un porcentaje por buen comportamiento, por diversas situaciones que se van dando con el pasar de los años. Estamos dejando un piso que sea como mínimo 40 años”, afirmó Arredondo Ramos.
Afirmó que en Querétaro 6 de cada 10 mujeres considera que los policías municipales y estatales no realizan un trabajo efectivo, además que en el presente año se han registrado 4 mil casos de violencia familiar, así como 530 delitos de violación.