Foto| Alexis Meza
La Auditoría Superior de Fiscalización detectó inconsistencias en registros de contratos adquiridos, así como en la compra de medicamentos y materiales, dentro del gobierno municipal de San Juan del Río ocurridos durante el 2022.
De acuerdo al documento del ente fiscalizador, el Municipio proporcionó en su momento los registros contables y presupuestales de las erogaciones de los procesos seleccionados para su fiscalización correspondientes a las Participaciones Federales a Municipios de este año; sin embargo, al realizarse la auditoría se detectaron inconsistencias en ocho contratos de adquisiciones por un importe de $69 millones 889 mil pesos.
Irregularidades
En la revisión se determinó que seis de ellos no presentaron de forma correcta la suficiencia presupuestal pues en los oficios se marcan fechas posteriores a la firma de los contratos, aunado a que en siete contratos no se enviaron los sondeos de mercado y/o cotizaciones, y en cuatro más faltaron los dictámenes de excepción a la licitación pública.
Medicamentos
En cuanto a la compra de medicamentos se detectó un importe por 8 millones 715 mil pesos con documentación comprobatoria del gasto con pólizas de egresos, facturas y SPEI, pero no hay evidencia de la entrega de los mismos al almacén o a los beneficiarios ni reporte de los suministros realizados.
Materiales
Respecto a la adquisición de materiales, se acreditó un importe por 2 millones 491 mil pesos con documentación comprobatoria del gasto, pero tampoco hay evidencia del suministro y entrada de los mismos al almacén, ni reporte fotográfico de lo adquirido.
Refacciones
Una observación más que marca la ASF es la compra de refacciones para unidades de transporte por un monto de $2 millones 629 mil de pesos; sin embargo, quedaron pendientes de comprobar 359 mil pesos, ya que no se presentaron las facturas correspondientes, además de no haber evidencia del suministro y entrada de los materiales al almacén, así como reporte fotográfico ni colocación de las refacciones en los vehículos para los cuales fue solicitado.
Por todo ello, se abrió un proceso una investigación por parte del Órgano Interno de Control del Municipio para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron el expediente número OIC/DI/CI/251/2023.