La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Querétaro aprobó sanciones más severas, que van de 5 a 12 años de prisión, para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas y provoquen accidentes viales. El presidente de la comisión, Guillermo Vega Guerrero, recordó que antes la penalidad iba de tres meses y dos años de prisión, lo que permitía que muchas personas recuperaran su libertad rápidamente tras causar un accidente fatal.
Sin embargo, con esta reforma se incorpora una categoría específica dentro del Artículo 228 del Código Penal, que establece que, si una persona conduce bajo el influjo de alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y causa la muerte de alguien, se aplicará una pena de 5 a 12 años de prisión, además de la sanción correspondiente por homicidio culposo.
Aumento de casos
Estas modificaciones responden a una problemática que se ha triplicado en los últimos siete años, al pasar de un incremento de 1.7% en 2018 a 5.7% a la fecha, en cuanto a los accidentes vinculados al alcohol. Además, la multa aumentará de 100 a 400 días y el trabajo comunitario se incrementará de 200 a 500 horas, lo que convierte esta conducta en un delito grave.
«Que la gente lo piense dos veces, o que todos la pensemos dos veces y que veamos que sí pasa algo y que sí es grave y que incluso te dé, no sé si llamarlo miedo, o que lo piense dos veces, pero no nada más al que violenta la norma, sino que también hay un círculo, porque muchas veces de donde salió ese conductor fue de una fiesta donde alguien vio que no podía manejar y no hizo nada para prevenir que él, al perder su sano juicio, cometería minutos después un accidente», informó Guillermo Vega Guerrero.
El dictamen aprobado acumuló tres propuestas presentadas a este respecto: la Reforma al Código Penal para tipificar como delito el homicidio y lesiones viales, presentada por la Secretaría del Ayuntamiento de Querétaro; la Reforma al Código Penal y a la Ley de Salud para combatir adicciones, impulsada por diputadas y diputados de distintas bancadas; y la Reforma al Código Penal y a la Ley de Tránsito, presentada por el diputado Homero Barrera McDonald de Morena.
La comisión argumentó que el marco normativo debía actualizarse para responder a la realidad del estado, donde los accidentes causados por conductores intoxicados han generado un creciente reclamo social. El dictamen señala que las sanciones buscan prevenir muertes viales, disuadir el consumo de sustancias al conducir y reforzar la protección del derecho humano a la vida. Es de destacar que estas penas son adicionales a las que correspondan por homicidio, lesiones o daños, de acuerdo con las reglas del concurso de delitos.