El grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa de Ley Estatal de Aguas con el que busca garantizar el derecho humano al agua, establecer un mínimo vital, frenar concesiones privadas y fortalecer la participación ciudadana en la gestión hídrica. La iniciativa propone una transformación integral en la gestión del recurso hídrico en Querétaro, con énfasis en el acceso equitativo, la sostenibilidad y la participación ciudadana.
Entre sus principales planteamientos, explicó el diputado de Morena, Eric Silva, destaca la prohibición de concesiones privadas en el servicio de agua potable para uso doméstico, con el objetivo de evitar que su distribución opere bajo esquemas de negocio; asimismo, establece el rechazo al uso de agua de reúso para consumo humano.
«Entre los temas fundamentales que contempla esta ley se encuentran, por ejemplo: No a las concesiones privadas del servicio de agua potable, para que el servicio público de uso doméstico no sea operado bajo un esquema de negocio. No al Batán, prohibiendo que el agua de reúso sea para consumo humano. No a los altos costos del agua; que el acceso al líquido no debe rebasar un 3% del salario mínimo mensual y que el servicio del agua potable sea accesible para las familias que viven en mayores zonas de marginación. No al tandeo y a los cortes injustos. El agua debe llegar a todo el estado, incluyendo a las zonas más pobres. No a la contaminación del agua y no a la opacidad de los gobiernos. La calidad del agua que consumimos debe ser supervisada y estos resultados deben ser públicos», destacó Eric Silva.
Dotación per cápita
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el reconocimiento de un mínimo vital de 100 litros de agua diarios por persona, duplicando el estándar actual, como base para asegurar condiciones dignas de vida. La propuesta fue construida a lo largo de dos años con la participación de 13 colectivos en defensa del agua, quienes aseguraron que, de aprobarse la iniciativa, establecería un parteaguas en la materia no sólo en México sino a nivel de Latinoamérica.
Protección de acuíferos
Los activistas destacaron que, en materia ambiental, la iniciativa contempla la protección obligatoria de cuencas, acuíferos y zonas de recarga, así como restricciones a desarrollos inmobiliarios que comprometan estos ecosistemas. También incluye medidas para prevenir la contaminación del agua y obliga a las autoridades a transparentar la calidad del recurso mediante información pública.
“No es ético que unos cuantos negocios industriales, comerciales, inmobiliarios, arrasen con los bosques y contaminen nuestros recursos hídricos, que son bienes sociales, mientras la mayoría sufre de sequía por saqueo. No es ético que el 90% de los pozos queretanos sean acaparados por empresas privadas; solo la Kimberly Clark gasta casi 39 millones de litros de agua al día. No es ético que El Campanario, Juriquilla, El Campestre y otras colonias ocupen cada una entre uno y tres millones de litros de agua diarios para mantener sus campos de golf, mientras que son condenados al tandeo los habitantes de Cadereyta, Colón, Ezequiel Montes, Huimilpan, Peñamiller, Pedro Escobedo y San Juan del Río. No es ético que las colonias populares tengan que tomar agua de El Batán», resaltó Maricarmen Vicencio.
Consejo Ciudadano
Otro componente clave en la propuesta es la creación de un Consejo Ciudadano del Agua, con carácter autónomo, que permita la participación directa de la sociedad en la vigilancia, evaluación y toma de decisiones en torno a la política hídrica. La propuesta también reconoce la gestión comunitaria del agua como una figura legal, promueve la educación socioambiental y establece mecanismos para reducir pérdidas del recurso, particularmente aquellas derivadas de fugas o extracción irregular.
Además, incorpora la protección a personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos vinculados al agua, así como acciones para combatir irregularidades en el sistema hídrico. La iniciativa plantea un cambio de enfoque en la política pública del agua en Querétaro, al dejar de considerarla únicamente como un servicio y reconocerla como un derecho humano fundamental, cuya gestión debe priorizar a la población sobre intereses económicos.
El documento será sometido a análisis legislativo y se prevé la realización de un Parlamento Abierto para su discusión y eventual fortalecimiento antes de su votación en el Congreso local, la cual se prevé que pudiera darse en un plazo de dos meses.
