El sector comercio en Querétaro respaldó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión anunciado por el gobierno federal, al considerar que representa un paso relevante para homologar la estrategia contra este delito en todo el país; sin embargo, sus dirigencias advierten que, aunque en el estado no se registra extorsión presencial contra negocios, persisten cientos de intentos telefónicos diarios que afectan tanto a empresas como a la población en general.
René Jourdán Loya Poletti, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Querétaro, calificó el acuerdo como una señal positiva de coordinación entre los gobiernos estatales y la federación, aunque aseguró que en la entidad no se reportan casos de cobro de piso o amenazas directas a establecimientos, lo que atribuyó a la política de seguridad local; no obstante, dijo que la extorsión telefónica es una práctica constante y generalizada, con múltiples casos diarios entre comerciantes y ciudadanos, aunque sin un registro puntual del número de hechos dentro del sector.
Criterios y denuncias
Por su parte, Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Querétaro, destacó la importancia de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece criterios homologados y penas más severas a nivel nacional.
Reconoció los avances del gobierno federal, como la habilitación del 089 para denuncias anónimas y los operativos en centros penitenciarios para desactivar redes delictivas.
Destacó que el organismo en Querétaro difundirá guías prácticas para que los pequeños comercios identifiquen, prevengan y denuncien intentos de extorsión, con herramientas que incluirán protocolos frente a llamadas sospechosas, recomendaciones para evitar proporcionar información sensible y medidas de autoprotección ante posibles acercamientos presenciales.
Aumento drástico
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Querétaro registra un incremento significativo en el delito de extorsión durante la última década, ya que la entidad pasó de seis denuncias en 2015 a 227 entre enero y octubre de 2025, un aumento del 3 mil 600%. El mayor pico ocurrió en 2019, con 259 casos, seguido de 2020 y 2021 con 242 y 257 denuncias, respectivamente.
El Acuerdo Nacional contra la Extorsión plantea la homologación de procesos entre entidades federativas y la actualización de los ejes estratégicos en seguridad, así como criterios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). También contempla lineamientos para fortalecer el Registro Nacional de Incidencia Delictiva y mejorar la atención en los Centros de Justicia para las Mujeres.