Organizaciones civiles y ambientalistas integrantes de la Contraloría Ciudadana del Agua (CCA) urgen a aprobar la Ley General de Aguas ciudadana, ya que es el único proyecto de ley que está ingresado en el Congreso de la Unión que cumple con los 12 consensos por el agua realizados en los foros de consulta y que presentó la senadora Gloria Sánchez, informó Claudia Romero, integrante de la Contraloría
Visiones
Indicaron que actualmente hay otros proyectos de ley impulsados por legisladores panistas y otros que se pretende presentar por el legislador Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, pero que no contemplan estos principios que las organizaciones consideran fundamentales para garantizar el derecho humano al agua.
Integrantes de la Contraloría Ciudadana destacaron que estos consensos son respetar la naturaleza; las aguas de pueblos y comunidades; coadministrar las aguas en los territorios; el derecho a vetar proyectos dañinos; prohibir agua para minería tóxica y fracking; acabar con los millonarios del agua; cerrar la puerta a la privatización; democratizar los servicios del agua; priorizar agua para soberanía alimentaria; garantizar acceso pleno a la información; asegurar recursos públicos suficientes; y erradicar la corrupción e impunidad.
Las otras propuestas que se pretenden aprobar son un intento de tener una ley a modo, creada sin transparencia, sin participación multisectorial, cupular, y sin consensos sociales, señalaron.
Mecanismos, necesarios
Resaltaron que los proyectos de ley alternos a la iniciativa ciudadana dejarían intacta la Ley de Aguas Nacionales; por lo que no se contaría con los mecanismos requeridos para corregir el “sobreconcesionamiento” y el acaparamiento que provocan la actual crisis hídrica.
Los proyectos continúan con el proceso legislativo, por lo que las organizaciones sociales están atentas de cómo marchan ambas en la cámara de la unión, esperando que la aprobada sea la propuesta que beneficia a la ciudadanía y no la hecha a modo, ya que esta última da continuidad al modelo detrás de la crisis hídrica que flagela a la población mayoritariamente vulnerable, mientras se empoderan aún más a los grandes usuarios del agua, manteniendo la visión agua como recurso con valor económico, en vez de un bien común y cultural, explicaron.