Al quedar fuera de la nueva Ley General de Aguas propuestas impulsadas por colectivos desde 2020, en Querétaro colectivos están comenzando a trabajar con diputados locales en la elaboración de una nueva ley local, en donde exista una contraloría ciudadana, explicó Francisco Landa Reyes, integrante del colectivo Awita, Vida y Territorio, quien, además, enfatizó que la ley de aguas quedó prácticamente igual y que los avances en ella fueron mínimos.
Explicó que su colectivo, junto con organizaciones articuladas en casi todo el país, están realizando un análisis de la minuta que el Senado dictaminó tras la revisión en la Cámara de Diputados, donde también se realizaron modificaciones y se eliminaron algunos artículos.
Participación en saco roto
Recordó que durante el proceso legislativo se ignoraron las propuestas respaldadas desde 2020 con más de 200 mil firmas ciudadanas, cuyo objetivo era impulsar una Ley General de Aguas que priorizara a la naturaleza, garantizara la no marginación social, es decir, una verdadera justicia hídrica, promoviera una amplia participación ciudadana y así asegurara el estricto cumplimiento de la ley y mecanismos eficaces contra la corrupción.
Landa Reyes reiteró que la mayoría de las propuestas impulsadas por los colectivos no fueron escuchadas ni incluidas. “No esperábamos que todo se aprobara, pero sí al menos algunos mínimos”, señaló, y lamentó que ni siquiera con el apoyo de algunos diputados que respaldaron la iniciativa se lograra avanzar.
Dudas y retrocesos
Aunque reconoció que la nueva ley contiene pequeños avances, advirtió que en general deja dudas sobre la aplicación de ciertos controles y, en algunos puntos, representa incluso retrocesos. Afirmó que en la revisión de la minuta final detectaron la reducción de algunas multas, la eliminación de tipos penales relacionados con la corrupción y el mal uso del agua, así como la falta de claridad sobre la obligatoriedad del pago por el recurso; señaló que incluso hay un artículo que permite perdonar por una vez a los infractores.
Lagunas legales
Agregó que, aunque la ley establece que la autoridad del agua deberá evitar la sobreexplotación de los acuíferos, no se precisan los parámetros ni los mecanismos para hacerlo. También señaló un vaivén en la distribución de competencias: inicialmente se centralizó el poder en la dirección federal de Conagua, pero tras presiones de diversos grupos de interés se devolvió a los consejos locales de cuenca la facultad de decidir a quién se otorga el agua. Sin embargo, advirtió que estos consejos seguirán operando igual, pues no hubo reformas constitucionales que modifiquen su estructura.
Frente a este panorama, indicó que aún queda un largo proceso; por ello subrayó la importancia de vigilar la elaboración de los reglamentos y las adecuaciones a las leyes conexas, así como de fortalecer la participación ciudadana en las regiones, independientemente de quién gobierne estados y municipios.
Vigilar al poder
Recordó que muchas decisiones deberán traducirse en leyes estatales, por lo que será indispensable supervisar que, aunque la ley federal cambió poco, esos mínimos avances realmente impulsen el derecho humano al agua y la justicia hídrica. En el caso de Querétaro, informó que ya trabajan con diputados locales en una nueva ley estatal de aguas. Subrayó que uno de los puntos centrales será modificar la integración de los organismos de consulta ciudadana.
Indicó que en los siguientes meses lo que buscarán será establecer una contraloría ciudadana del agua, con recursos y acceso pleno a la información, ya que señaló que la opacidad ha permitido que Conagua, sexenio tras sexenio, opere con discrecionalidad y prácticas corruptas. Finalmente, señaló que su colectivo forma parte de redes locales y nacionales, donde trabajan en conjunto, como la red nacional de agua para todos, agua para la vida, que tienen representación en casi todos los estados del país.