Un jaripeo realizado en la localidad de San José Galindo, en el municipio de San Juan del Río, fue clausurado por autoridades municipales debido a la falta de permisos correspondientes y diversas irregularidades relacionadas con normativas de Protección Civil y venta de alcohol.
En el operativo participaron cerca de 60 elementos de Seguridad Pública, además de personal de Inspección y Protección Civil, acompañados de la Policía Estatal, quienes acudieron al sitio tras detectar que el evento se desarrollaba sin los trámites legales requeridos.
Aunque los organizadores argumentaron que se trataba de un evento privado, la convocatoria se realizó de manera pública, por lo que el aforo previsto obligaba a gestionar permisos ante Protección Civil y otras instancias municipales.
Ante esta situación, las autoridades procedieron a la suspensión inmediata del jaripeo para evitar riesgos a los asistentes y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.
Además, durante la supervisión se detectó la presencia y distribución de bebidas alcohólicas, situación que también podría derivar en sanciones administrativas, además de lss económicas, tanto del área de Alcoholes como Protección Civil, conforme a la gravedad de las faltas detectadas, ya que ambas dependencias cuentan con tabuladores de multas mínimas y máximas establecidos en la regulación municipal.
Cabe señalar que de manera complementaria, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, en coordinación con la Policía Estatal, reforzó la presencia operativa en distintas zonas del municipio como parte de una estrategia de vigilancia y prevención, en donde se incluyeron recorridos de seguridad, puntos de observación y vigilancia preventiva en comunidades y colonias como Arcila, La Estancia, Loma Linda, Santa Matilde, Palmillas, Paseo Central y la cabecera municipal.
Derivado de estos operativos, se logró la detención de 12 personas por faltas administrativas y de dos personas por presuntos delitos contra la salud, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.