Integrantes de diversas comunidades indígenas tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para exigir la destitución de Ma. del Carmen Álvarez Juárez como titular del INPI, al denunciar que no hubo consenso entre los pueblos indígenas para este nombramiento, además de exigir se esclarezca dónde se encuentran los recursos que se destinaron a Querétaro para la atención de estas comunidades.
Genaro Nieves Cruz, autoridad Comunitaria de Bernal, declaró que el INPI debería de ser garante de los derechos de las comunidades indígenas; sin embargo, ha sido el que ha “violado sistemáticamente” el derecho a la autonomía de estas comunidades.
Señaló además que la institución no ha demostrado transparencia en la distribución de los proyectos y recursos destinados a las comunidades indígenas, al señalar que por parte del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) de los pueblos indígenas, se recibieron para Querétaro $1 mil 200 millones de pesos; de los cuales sólo se han transparentado $167 millones.
Congreso
Respecto a los trabajos que se han hecho desde el ámbito legislativo a favor de los pueblos indígenas, los líderes cuestionaron la labor de la diputada Margarita Vázquez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, asegurando que los foros realizados no han sido asambleas comunitarias y que la legislatura estatal ha mostrado desinterés por las demandas indígenas.
«Le extiendo la invitación a todos los diputados, porque nos han quedado a deber mucho por no incluirnos. Voy a decirlo que se oiga claro y fuerte: El día que se votó la reforma al Artículo 2, Querétaro y Guanajuato no votaron a favor; eso nos da a entender que Querétaro está en contra de los indígenas y por eso hay muchos atropellos. Les dejamos la tarea a nuestros legisladores»
Designación
Los manifestantes exigieron que Adelfo Regino Montes, director general del INPI explique la designación que se hizo para la oficina en Querétaro y el motivo por el que se destituyó a quien ocupaba este cargo. Además, se manifestaron en contra de la falta de inclusión de ciertas comunidades en los programas de apoyo e hicieron un llamado a todas las comunidades indígenas del estado a unirse en la defensa de sus derechos.
Subrayaron que el artículo 2 constitucional les otorga autonomía y libre determinación, y que exigirán que cualquier nombramiento en el INPI sea realizado mediante un proceso transparente y consensuado. Por último, los manifestantes denunciaron la falta de acción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Legislatura, que, según relataron, se ha negado a intervenir en la problemática argumentando que “no manejan el tema indígena”.