La colectiva feminista Las Apapacho señaló que el Congreso del Estado de Querétaro mantiene una deuda con las mujeres y personas gestantes al rechazar nuevamente la despenalización del aborto, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó que deben eliminarse las sanciones por interrumpir un embarazo.
De acuerdo con Marina Estrada, integrante del colectivo, la negativa del Poder Legislativo local refleja la falta de compromiso para garantizar los derechos reproductivos en la entidad. Explicó que, aunque la Corte estableció que en México ya no puede haber castigo por abortar, en Querétaro todavía se abren carpetas de investigación contra mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo.
Manipulación del Poder
Detalló que, aunque estas denuncias, en su mayoría, no prosperan legalmente, mantienen el estigma social y el miedo entre quienes buscan ejercer su derecho a decidir. Esta situación también deriva en la pérdida de recursos públicos, ya que las autoridades destinan tiempo y esfuerzos a casos que no deberían investigarse, en lugar de enfocarlos en otros delitos. Además, la penalización vigente en el Código Penal local impide avanzar hacia una visión de salud pública y derechos humanos en torno al aborto.
“El estado de Querétaro sigue teniendo esta deuda con la ciudadanía, con las mujeres, con las personas que pueden gestar y que pueden abortar; es una deuda, es una violación a los derechos humanos porque hace ya unos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que se debe quitar del código penal todas las penalizaciones sobre el aborto voluntario, y sin embargo, las legislaturas se han negado a hacerlo, y esto lo que conlleva es que siga existiendo mucha criminalización y sigue continuando la estigmatización del aborto”, afirmó Marina Estrada.
Recordó que esta colectiva y algunas otras acompañan procesos de aborto autogestivo en casa, de forma segura y con base en protocolos avalados por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, consideran urgente que las instituciones y los legisladores de Querétaro asuman su responsabilidad para garantizar un acceso real, seguro y libre de estigmas a este derecho.