A cuatro años del envenenamiento de los perros de búsqueda y rescate Athos y Tango (un caso que marcó un precedente nacional contra el maltrato animal), un tribunal colegiado en Querétaro dio un revés a la sentencia y redujo la pena del responsable a solo cuatro años de prisión, conmutables por $10 mil pesos; una resolución que, según la abogada del caso, Mónica Huerta Muñoz, constituye un desacato directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y da un mensaje negativo para la protección animal en México.
A pesar de que la sentencia en contra de Benjamín N, responsable confeso del envenenamiento de tres perros de rescate, dos de ellos perdieron la vida, hasta el momento el responsable no ha pisado la cárcel y, con la nueva sentencia, evitaría pasar tiempo en prisión, al pagar solamente 10 mil pesos como sanción.
10 años por 10 mil pesos.
La sentencia original, emitida el 23 de agosto de 2022 por la juez Alicia Basurto, fijó la pena máxima permitida: 10 años y 6 meses de prisión, una multa estatal de $115 mil pesos y $2.45 millones de pesos por reparación del daño.
Esa condena fue refrendada por la SCJN al revocar el amparo que pretendía reducirla. Aun así, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro emitió ahora una nueva resolución que establece únicamente 4 años de prisión, sin justificación técnica y una pena conmutable por solo $10 mil pesos.
Sin embargo, el tribunal colegiado respondió a la SCJN hasta el 13 de noviembre de 2025 (un año después) y sin corregir la sentencia inicial; por el contrario, proponen una pena y una sanción menor. De acuerdo con la abogada, esto entorpece incluso la reciente iniciativa ingresada por el gobernador Mauricio Kuri, en materia de bienestar animal, al enviar un mensaje contrario de cómo se aplica la ley en Querétaro.
«El mensaje es claro, no nos vamos a poner serios en leyes que tengan, o en la aplicación de leyes que tengan que ver con animales, que la gente puede hacer lo que quiera. Desafortunadamente, todos los días hay temas de maltrato y de crueldad, todos los días, precisamente por este tipo de situaciones en que las autoridades no se ponen serias en la aplicación de la norma. De nada nos sirve que venga el ejecutivo a buscar una ley innovadora, a tener sanciones ejemplares, si los operadores del sistema y de aplicación de la norma no lo hacen, no se ponen serios con la aplicación de la norma; existe una discriminación en el tema de la aplicación de delitos contra los animales», afirmó Mónica Huerta Muñoz.
Argumento fabricado
Para justificar la reducción de pena, el tribunal colegiado alegó un “doble enjuiciamiento”; sin embargo, la abogada considera que esto es un argumento fabricado que «no tiene un sustento jurídico ni lógico y únicamente justifica el desacato”. A pesar de que la sentencia original fue emitida después de que tres expertos acreditaron técnica y científicamente su monto, el tribunal en el estado de Querétaro considera «que el caso y la muerte de los perritos rescatistas puede ser cerrado con 10 mil pesos”, lamentó Mónica Huerta.
Irregularidades en el proceso
La abogada también denunció irregularidades procesales, ya que antes de notificar a las partes, el tribunal pidió formalmente que la sala penal cumpliera la resolución, lo que prácticamente anticipó el cierre del caso antes de que la defensa pudiera impugnar.
Mónica Huerta señaló que la reciente resolución del Poder Judicial en el estado envía un mensaje claro: que en Querétaro no se aplican las leyes que tengan que ver con animales y que las personas no serán juzgadas por sus acciones en contra de ellos.
Destacó que el caso de Athos y Tango había sido considerado un parteaguas nacional porque, por primera vez, se había emitido una sentencia penal ejemplar por maltrato animal, lo que incluso llevó a que la SCJN emitiera una reflexión sobre la dignidad y el bienestar animal, descartando que sancionar la crueldad fuera un “doble castigo”. Sin embargo, la nueva resolución del tribunal local se lee como un retroceso y un desafío abierto a la Suprema Corte.
