Continúa en trámite la acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Ingresos de los municipios de Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo y Peñamiller, esto al considerar la vulneración de derechos de acceso a la información pública de la ciudadanía.
Cobros excesivos
De acuerdo con la acción promovida por Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es por cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información, como las copias certificadas de documentos, búsqueda certificadas, expedición de información certificada en digital, entre otras.
Se considera que los artículos relacionados con estos cobros no atienden a los costos reales del servicio prestado por ente estatal, además que los montos se encuentran diferenciados sin justificación alguna.
Algunos de los precios son 1.08 UMAS por copias certificadas de documentos expedidos por la Dirección Estatal de Registro Civil, así como 2.5 UMAS solo por la búsqueda de actas registradas en los libros que conforman el archivo del Registro Civil.
Información
La CNDH señala que la determinación de las cuotas correspondientes por ese concepto ha de tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.
Se estima que la búsqueda de información es una actividad concreta en la cual la persona servidora pública encuentra un documento o información solicitada existente en el archivo de su dependencia, por lo que no es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda de documentos tanto en la administración pública municipal, en los servicios del registro civil, así como de otras autoridades. En suma, no puede establecerse cobro alguno por la búsqueda de información ni por su digitalización, pues ello es contrario al principio de proporcionalidad tributaria.
Escaneos
En cuanto a la digitalización de documentos, se estima que es inconstitucional puesto lo que en realidad se está cobrando a través de esta cantidad, es el servicio que presta la autoridad de registrar datos en forma digital, lo cual contraviene el principio de gratuidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6º constitucional.
Asimismo, se solicita a la SCJN que vincule al Congreso del Estado Libre y Soberano de Querétaro para que en lo futuro se abstenga de expedir normas que contengan los mismos vicios de constitucionalidad denunciados en la presente demanda.