El proyecto entregado a los legisladores de “El Batán, Agua para Todos” contempla un financiamiento total de $41 mil millones de pesos, reveló la diputada local, Claudia Díaz Gayou. La legisladora del Partido del Trabajo (PT) advirtió que se trata de una propuesta que requiere una revisión “muy detallada”, especialmente en los aspectos financieros y en los posibles impactos para la ciudadanía.
Costos de operación
Explicó que, de ese monto, $10 mil millones estarían destinados exclusivamente a la construcción de infraestructura hídrica, incluyendo una presa, plantas de tratamiento y un acueducto, mientras que el resto corresponde a la operación del sistema a lo largo de 30 años, mediante un esquema de asociación público-privada (APP).
Detalló que, de acuerdo a lo que se ha logrado revisar del proyecto, contempla un financiamiento a 30 años con un valor arriba de $40 mil millones de pesos, con todo e impuestos, en el que el gobierno estatal pone la presa y las plantas tratadoras, y la iniciativa privada financia y opera el proyecto durante el tiempo referido.
Empresarios
Claudia Díaz indicó que el financiamiento corre a cargo del sector privado, que a su vez podría recurrir a la banca comercial; sin embargo, hasta el momento no se han especificado las tasas de interés, el calendario de pagos ni los mecanismos de supervisión.
Díaz Gayou consideró que el Congreso debería convocar a foros y comparecencias con la participación del secretario de Finanzas, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), representantes del Consejo Consultivo del Agua, y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre otros actores involucrados.
“Necesitamos claridad sobre cómo se va a pagar este proyecto, qué impacto tendrá en las tarifas, y qué garantías existen para la población. Hay temas que no pueden quedar fuera, como el posible impacto en la salud si no se cumple con la calidad del agua prevista durante los 50 años que promete el proyecto”, agregó.
Sin garantías
La diputada también señaló que la iniciativa no contempla ninguna cláusula de responsabilidad legal o administrativa para los funcionarios o legisladores que aprueben el proyecto en caso de que este falle o tenga consecuencias negativas para la población, un punto que «debe corregirse, se necesitan garantías para salvaguardar la salud y los derechos de las y los queretanos”.