El servicio del agua potable es actualmente controlado por operadoras privadas en seis organismos operadores de cinco entidades del país
La Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida alertó a la población mexicana sobre la privatización de los sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se ha estado promoviendo en el país desde que la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, permitió la participación privada en dichos servicios.
El servicio del agua potable es actualmente controlado por operadoras privadas en seis organismos operadores de cinco entidades del país:
- a través de Asociaciones Público-Privadas, APPs, en Saltillo, Coahuila, Veracruz/ Medellín y Boca del Río en Veracruz,
- por medio de concesiones, en la capital de Aguascalientes, cuatro municipios de Quintana Roo (Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad) y la capital y otros cuatro municipios conurbados de Puebla.
En los municipios de Navojoa, Sonora y Ramos Arizpe, Coahuila, se remunicipalizaron los servicios que se habían privatizado ocho años y quince meses antes.
En cuatro municipios de Querétaro, el control del abastecimiento por parte de particulares está permitiendo urbanizar y lucrar con el territorio. El agua se está convirtiendo en un insumo del mercado de vivienda y de construcción. Similares modalidades ocurren en otros estados del país. Recientemente se aprobó, en medio de protesta social, la Ley Estatal de Aguas de Querétaro, que permite la concesión de los servicios de agua y saneamiento.
La privatización de los servicios de agua y saneamiento ha tenido como constante abrir la puerta a distintas modalidades de acaparamiento, sometiendo por un lado el agua a la lógica de mercado y, por el otro, el bien común público al interés privado. La gestión de las empresas privadas se ha caracterizado por la falta de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. La violación al Derecho Humano al agua con los aumentos de tarifas, cobros excesivos y cortes arbitrarios que han afectado a las y los usuarios, en especial a quienes se encuentran en situación de precariedad. Los contratos leoninos que se han firmado con las empresas privadas comprometen a los municipios a contratos de 25, 30 o más años, por el requerimiento de tener que pagar a las empresas por las ganancias no obtenidas en el tiempo que resta de la concesión o APP.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno no se han responsabilizado de regular y supervisar los sistemas de agua privatizados. En ningún caso se han impuesto sanciones a las empresas privadas por incumplimientos legales; la respuesta de las autoridades municipales a las quejas de los ciudadanos ha sido prácticamente nula.
La privatización de los servicios de agua y saneamiento, que se ve reflejada en la exclusión de comunidades y la evasión de responsabilidades, fue calificada como una alerta roja por el Relator de las Naciones Unidas para el derecho humano al agua y al saneamiento en 2021, por las afectaciones que está teniendo en el mundo.
La lógica de lucro que persiguen las empresas operadoras de agua, el monopolio y la captura del Estado, señalados en el informe especial sobre privatización en el mundo, son realidades que están impactando a nuestras comunidades.
«Urgimos a la sociedad mexicana a hacer frente común frente a esta dinámica que está vulnerando los derechos humanos de las poblaciones, comprometiendo la seguridad hídrica presente y futura, atentando contra la preservación saludable de nuestros bienes hídricos, sujetos vulnerables de derecho y poniendo en riesgo el bienestar de la población y las finanzas de los municipios afectados, por permitir que empresas privadas lucren con el agua de nuestro país», denunciaron.