Es “desafortunado” que se tenga que recurrir a la ley para que los deudores alimentarios morosos cumplan con sus respectivas obligaciones, declaró la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, en el marco de la inauguración del Foro de Obligaciones Alimentarias en la Legislatura del Estado de Querétaro.
Explicó que actualmente el DIF Nacional tiene 300 días hábiles para tener la plataforma y el registro de los deudores alimentarios morosos y, posteriormente, las Legislaturas locales tendrán que reformar en la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en el Código Civil de su respectivo estado y en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la ley sobre este tema sea una realidad en todo el territorio mexicano.
Señaló que un deudor alimentario moroso no pueda acceder a un puesto de elección popular, a una licencia de conducir y la oportunidad de viajar al extranjero son medidas que pueden ayudar a que dicho deudor alimentario moroso deje de serlo.
“Lo que tendríamos nosotros es darle información a quien tiene una sentencia firme, con delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, no quien apenas tienen una vinculación a proceso”; afirmó Mariela Ponce Villa.
Las carpetas de investigación sobre los deudores alimentarios morosos se inician en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por lo que todos los casos no llegan al Poder Judicial; sin embargo, aseguró que la iniciativa sobre este tema permitirá tener más herramientas a dicho poder para poder tratar estos casos.