La Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública hizo un llamado al Gobierno de México y al Congreso de la Unión para auditar íntegramente la deuda pública del país y renegociarla para suspender durante al menos dos años el pago de intereses, con el fin de reorientar esos recursos a inversión productiva y programas sociales.
Balance negativo
Mónica Soto Elizaga, integrante de la promotora, explicó que el planteamiento surge en el contexto de la discusión del Paquete Económico 2026, el cual prevé un gasto federal de $10.1 billones de pesos para el próximo año frente a ingresos de $8.7 billones, generando un déficit de $1.4 billones que se cubriría con más deuda.
A lo anterior, agregó, se suman los pagos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el Fondo Nacional de Infraestructura (Infonadin), apoyos a deudores, entre otros, con lo que se tendría un desbalance de $1.6 billones de pesos que hace crecer el endeudamiento sin resolver el origen del mismo.
“Proponemos un presupuesto para un México soberano y justo; el presupuesto de egresos, enviado por el gobierno a los diputados, establece que el gasto público total será el año que entra de $10.1 billones de pesos. Mientras los ingresos alcanzaron apenas los $8.7 billones de pesos, resultando así un déficit presupuestario de $1.4 billones de pesos, pero sumándolos los pagos del IPAB, Infonavit y apoyos a deudores, el déficit total o los requerimientos financieros del sector público suben a $1.6 billones; la diferencia entre los ingresos y los egresos se va a convertir en deuda pública”, afirmó.
Por ello, la Promotora, integrada por distintas organizaciones civiles, propuso cinco medidas: auditoría a toda la deuda para determinar su legalidad y destino, renegociación de pagos, suspensión temporal del servicio de la deuda, una reforma fiscal progresiva y un impuesto a las grandes fortunas.
Organizaciones queretanas como la Felipe Carrillo Puerto, el Frente Estatal de Lucha y el Movimiento Democrático Francisco Villa respaldaron la iniciativa, al señalar que los recortes en inversión pública afectan directamente a las comunidades, donde siguen pendientes obras básicas como agua potable, drenaje, electrificación y escuelas.