La diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou, presentó en el Congreso del Estado el decreto para abrogar la declaratoria que reconoce a la fiesta de toros como patrimonio cultural inmaterial de Querétaro.
Acompañada por representantes de diversas organizaciones defensoras de los derechos animales a nivel nacional e internacional, el decreto abroga el reconocimiento publicado el 18 de diciembre de 2012 en el periódico oficial La Sombra de Arteaga y busca armonizar la legislación local con la Constitución federal y con los tratados internacionales en materia de bienestar animal y derechos humanos.
Aseguró que esta iniciativa no es un acto aislado, sino una evolución social, jurídica y ética que refleja los valores de una sociedad queretana más incluyente, empática, consciente y progresista.
Leyes
La diputada recordó que desde diciembre de 2024 el Artículo 4 constitucional reconoce a los animales como seres sintientes, y establece la obligación del Estado mexicano de proteger su bienestar y evitar su maltrato. Asimismo, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobó el amparo en revisión 80/2022, donde se determinó que los congresos estatales no tienen competencia para declarar como patrimonio cultural a expresiones como las corridas de toros.
Activistas de PETA, Anima Naturalis, Cultura sin Tortura, Mercy for Animals, Animal Heroes, La Última Jaula y Todos Somos Animales, coincidieron en que las corridas de toros ya son ilegales bajo la legislación federal vigente. Sandra Segovia, de México Sin Toreo (que agrupa a más de 90 organizaciones), dijo que la reciente reforma constitucional, así como resoluciones judiciales obligan a atender un nuevo marco jurídico que protege a los animales como seres sintientes.
Sin excepción
Los activistas insistieron en que la defensa de las corridas de toros no puede sostenerse en argumentos de costumbre o identidad cultural, ya que, según la SCJN, “ninguna práctica que implique sufrimiento innecesario puede legitimarse por la tradición”.
Sofía Morín, de Cultura sin Tortura, subrayó que los poderes públicos tienen la responsabilidad de cumplir con la ley, más allá de sus preferencias personales. “Esto ya no es un tema de gustos. Es un asunto de legalidad. Y quien respalde estas prácticas en el poder público deberá asumir las consecuencias históricas y jurídicas”, advirtió.