La coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura local, Claudia Díaz Gayou, presentó una iniciativa de reforma al artículo 2 de la Constitución Política de Querétaro para reconocer de manera expresa la obligación del Estado y de los municipios de garantizar la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La legisladora señaló que se trata de un tema que durante años no ha logrado consolidarse en el ámbito legislativo local y explicó que la propuesta plantea adicionar un párrafo al artículo 2 constitucional para establecer que las autoridades estatales y municipales deberán garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el ejercicio de sus actividades.
Reconocimiento
Argumentó que las agresiones contra periodistas y activistas no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que impactan en el derecho colectivo a la información, la participación ciudadana y la libertad de expresión. Asimismo, sostuvo que deben reconocerse como formas de violencia no solo las agresiones físicas, sino también las presiones económicas, campañas de desprestigio e intentos de limitar el ejercicio de estas actividades.
«Ningún medio de comunicación debe verse obligado a elegir entre informar con libertad o garantizar su viabilidad financiera. La crítica al poder nunca debe responderse con un veto al bolsillo. La presión económica también es violencia y así debe ser reconocida. Y hace apenas unos días conocimos la denuncia pública por María José González, integrante del Frente Queretano por el Derecho a la no Discriminación y el Estado Laico, quien señaló haber sido víctima de presunto acto de intimidación relacionado con la participación de la discusión de la ley de identidad de género. Independientemente de las posturas que cada persona pueda llegar a tener, existe algo que debemos coincidir todas y todos: ninguna persona debe ser amenazada, intimidada, agredida por defender una causa, una idea o un derecho. Y ese principio es el que se sustenta esta iniciativa», destacó la diputada.
Díaz Gayou explicó que, aunque ya existe una ley federal de protección para periodistas y defensores de derechos humanos desde 2012, organismos internacionales han advertido sobre la necesidad de fortalecer la coordinación con autoridades estatales y municipales, por lo que esta propuesta responde a este llamado, incorporando estas obligaciones al marco jurídico local.
Riesgo profesional
En este contexto, la legisladora destacó que México se ubica como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, situación que consideró un argumento adicional para impulsar medidas de protección a nivel estatal. Como parte del proceso legislativo, informó que se realizará un parlamento abierto durante este mes, en el que participarán medios de comunicación, organizaciones defensoras de derechos humanos, instituciones públicas y especialistas para enriquecer el contenido de las leyes secundarias que acompañarían la reforma.
