Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro iniciaron formalmente el análisis de tres iniciativas de reforma judicial, una presentada por el Poder Ejecutivo y dos por diputados de Morena, con el objetivo de armonizar la Constitución estatal con las recientes modificaciones al marco federal. A la reunión fueron convocados diputados de todas las fuerzas políticas, quienes aportaron sus observaciones.
Selecciones
La diputada Claudia Díaz Gayou sostuvo que la reforma estatal debe armonizarse con el modelo federal y cuestionó modificaciones realizadas previamente por el Congreso local que dijo, ahora requieren ser corregidas.
Entre sus planteamientos se encuentra que las vacantes de jueces y magistrados puedan ser ocupadas, en determinados supuestos, por quienes hayan obtenido el segundo lugar en la elección, así como evitar que la selección quede limitada exclusivamente a personas provenientes de la carrera judicial.
«Lo que cambiaron porque algunos no lo respaldamos hoy reconocen que estaba tan mal que lo corrigen en esta reforma solo unos meses después. Lo que defendieron con determinación hoy tiene que ser corregido porque, como se advirtió, siempre fue incorrecto. Por citar solo un ejemplo, la conformación del órgano de administración judicial. Hoy nos involucran entre dos posiciones panistas: la de la última reforma y la que se presentó en el ejecutivo en días pasados, contradictoria en muchos de sus términos. En resumen, la reforma panista presentada por el ejecutivo del estado está elaborada por los de siempre, para proteger los privilegios de los de siempre, para que solo los de siempre puedan ser electos, y muestra de ello es que solo ha sido defendida por los de siempre», destacó Claudia Díaz.
Elecciones
Por su parte, el diputado Enrique Correa reiteró su rechazo al modelo de elección popular del Poder Judicial impulsado por la Federación; sin embargo, destacó que la reforma deberá mejorar los mecanismos de evaluación de los perfiles que aspiren a ocupar cargos judiciales y fortalecer la certeza del proceso.
En tanto, el diputado morenista Eric Silva Hernández llamó a evitar que el análisis se convierta en una disputa entre iniciativas partidistas y pidió que la discusión se concentre en garantizar el acceso a la justicia y atender a las personas que enfrentan procesos judiciales prolongados.
Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Arturo Maximiliano García, exhortó a garantizar la continuidad de la función jurisdiccional, particularmente ante las vacantes que ya existen en el Poder Judicial.
«Para darle certeza a las partes involucradas en estos juicios. Por eso debemos analizar y debemos determinar dos elementos básicos. Uno: ¿cómo podemos generar suplencias temporales de aquí a que el Consejo de la Judicatura, en términos de lo que ya aprobamos nosotros en el pleno —y si no mal recuerdo creo que fue hasta por unanimidad—, en lo que nos manda el Consejo de la Judicatura las propuestas para que nosotros, por mayoría calificada, podamos elegir a quienes habrán de suplir a estos magistrados por el tiempo que queda de aquí al año 2028», explicó Arturo Maximiliano.
Durante la sesión, se determinó remitir las tres propuestas a los 18 ayuntamientos del estado, a fin de que conozcan su contenido y, en su momento, presenten las observaciones y aportaciones que consideren pertinentes. Las iniciativas serán acumuladas para realizar un análisis integral y elaborar un solo dictamen.
Próxima sesión
El presidente de las comisiones unidas, Guillermo Vega Guerrero, explicó que los municipios deberán acreditar a un representante para participar en el proceso de análisis, por lo que se prevé que las comisiones vuelvan a sesionar entre el 5 y el 10 de septiembre, con la intención de escuchar las posiciones de los ayuntamientos y avanzar hacia la construcción del dictamen.
«Se presentó una del Ejecutivo, otras dos de Morena. Vamos a esperar la opinión de los 18 ayuntamientos y que también acrediten a un representante para en una sesión, que seguramente será en los primeros 15 días de septiembre, poder volvernos a sesionar para escuchar a los municipios y poder estar ya en aptitud de ir buscando perfilar un dictamen que requiere mayoría cualificada por los comentarios que legítimamente hicieron diputados. Desde luego que se garantiza la participación de los 18 ayuntamientos, no es obligatorio que los ayuntamientos se manifiesten, es decir, a veces llegan opiniones de tres, siete, cuatro, no es necesario que los 18; es deseable, pero no es obligatorio. Lo segundo es que no habrá sorpresas de ninguna manera en la emisión del predictamen porque se requiere mayoría cualificada, entonces esto garantiza que sí o sí tiene que haber acuerdos», informó Guillermo Vega.
El legislador destacó que existe coincidencia entre las distintas fuerzas políticas en que la elección de jueces y magistrados se realice en 2028, aunque todavía existen temas que deberán ser discutidos, particularmente la integración de los comités de evaluación, los mecanismos de selección de candidatos y la organización del proceso electoral.
Antes y después
Uno de los puntos de mayor discusión será la forma en que se cubrirán las vacantes dentro del Poder Judicial antes y después de la elección, por lo que, dijo, se tendrán que establecer mecanismos temporales para evitar que juzgados o magistraturas queden sin titular ante casos de jubilación, fallecimiento, enfermedad u otras ausencias definitivas.
Como ejemplo, señaló que actualmente existe una vacante en una sala familiar que ha dejado alrededor de 200 asuntos pendientes de resolución, por lo que consideró necesario establecer en la legislación mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad de la función jurisdiccional. El coordinador panista aclaró que estos mecanismos no sustituirían la elección ciudadana, sino que funcionarían únicamente para atender situaciones excepcionales y tendrían carácter temporal, hasta que se realice la elección correspondiente.