Diputados locales de Morena presentaron una iniciativa para armonizar la legislación estatal con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada a nivel federal, con el objetivo de endurecer las penas y fortalecer el combate a este delito en Querétaro, donde se contempla elevar las sanciones hasta 20 años de prisión y, con agravantes, incluso más.
El grupo parlamentario de Morena explicó que la propuesta responde a una obligación constitucional derivada de la reforma federal que estableció un marco nacional obligatorio en materia de extorsión. Señalaron que este delito ha evolucionado y hoy opera de forma organizada, interestatal y mediante el uso de nuevas tecnologías, lo que hace insuficiente su persecución desde esquemas locales aislados.
Cambios
La iniciativa plantea derogar el tipo penal de extorsión previsto en el Código Penal para el Estado de Querétaro para que este delito sea perseguido exclusivamente bajo la ley general; lo que permitirá evitar contradicciones legales, fortalecer las investigaciones y mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
Destacaron que la extorsión pasará a perseguirse de oficio, lo que elimina la carga de la denuncia para las víctimas, y que se endurecerán las sanciones para servidores públicos que, teniendo conocimiento del delito, no lo denuncien.
Además, la pena básica se homologaría a la legislación federal, pasando de los actuales rangos estatales de 4 a 10 años de prisión a sanciones que podrían ir de 15 a 25 años, con agravantes que alcanzarían hasta 42 años de cárcel.
“La pena básica que se está proponiendo homologar a la legislación federal es una pena básica de 15 a 25 años de prisión; actualmente en el estado de Querétaro las penas son de 4 a 10 años; la propuesta es que sea de 15 a 25 años, y que sea como en lo federal, con agravantes hasta de 42 años de prisión”, informó Homero Barrera.
Extorsiones en Querétaro
Los legisladores detallaron que Querétaro no es ajeno al incremento de este delito, particularmente en municipios de la zona metropolitana y en San Juan del Río, donde comerciantes, familias y personas adultas mayores han sido directamente afectados.
Morena hizo un llamado al resto de las fuerzas políticas para respaldar la iniciativa, al señalar que no se trata de un posicionamiento partidista, sino de una obligación constitucional y de una respuesta necesaria frente a uno de los delitos que más daño causa a la paz social y a la economía de las familias queretanas.
