Durante los últimos años, el Gobierno del Estado de Querétaro ha incrementado las respuestas violentas ante las comunidades y defensores del medio ambiente, puntualizó Claudia Romero, integrante del equipo legal Bajo Tierra Museo del Agua. Actualmente existen condiciones estructurales que se han normalizado en Querétaro como la respuesta violenta ante comunidades movilizadas, así como la impunidad ante la falta de justicia por la vulneración de derechos humanos, la criminalización y el uso del aparato penal para iniciar carpetas de investigación en contra de defensores.
El uso de la fuerza por parte de Gobierno del Estado se ha hecho presente en la defensa del agua, así como también en temas ambientales y territoriales. Recordó la represión que ocurrió en El Nabo, La Cuadrilla y otros momentos en los que se reportó el uso de la fuerza en contra de la población.
Además, recordó que durante el 2020 ya se había emitido una alerta en Querétaro ante las agresiones que habían sufrido defensoras del medio ambiente en la entidad, como Teresa Roldán y América Vizcaíno. Por lo tanto, reiteró que las políticas siguen contando con un patrón de desigualdad, en donde se beneficia a ciertos grupos de población mientras que otros son reprimidos con respuestas hostiles cuando defienden sus territorios y exigen sus derechos.