Querétaro se ha convertido en uno de los principales focos rojos de agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos, particularmente indígenas, de acuerdo con datos de la Red Nacional de Defensoras, que revelan que el estado concentra el 32% de todas las agresiones registradas en el país, declaró Aleida Quintana, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras.
En este sentido, precisó que entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 se documentaron en Querétaro 59 agresiones contra 15 defensoras y una organización, información que forma parte de un sistema de monitoreo regional compartido con redes de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Ante ello, la activista advirtió que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sostenido de violencia institucional y social.
Querétaro y Amealco
Las agresiones se concentran principalmente en los municipios de Querétaro capital y Amealco de Bonfil, y están dirigidas, en su mayoría, contra mujeres que defienden derechos laborales, el acceso a la información, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la libre manifestación. Detalló que entre los ataques documentados hay limitaciones al derecho a informar, uso excesivo de la fuerza, violencia física, intimidación, campañas de desprestigio y ciberacoso.
«Son defensoras que defienden el derecho, los derechos de tierra, territorio, medio ambiente y seguida de defensoras que defienden el derecho al trabajo; en este caso de derechos laborales y de personas trabajadoras y de pueblos indígenas, encontramos estas agresiones que hubo hace unos meses a indígenas que vendían artesanías en el Centro Histórico», afirmó Aleida Quintana.
Detenciones arbitrarias y abuso sexual
Aleida Quintana señaló que el dato más grave es que durante este periodo se registraron cuatro detenciones arbitrarias y un abuso sexual. Este último caso corresponde a la defensora indígena Estela Hernández, de Santiago Mexquititlán, Amealco, cuya agresión, denunció, se suma a un historial de hostigamiento y criminalización que ya es seguido por relatores de Naciones Unidas, particularmente por el grupo especializado en pueblos originarios.
Detalló que el 52% de los ataques fueron cometidos por policías, el 29% por otras autoridades, y el resto por agentes de seguridad privada, personas desconocidas y usuarios virtuales. «Es decir, en Querétaro, el aparato institucional aparece no como garante, sino como uno de los principales agresores», pronunció. Para la Red, el problema es doble: violencia directa y uso del sistema judicial como herramienta de intimidación. La apertura de procesos legales contra defensoras y artesanas es vista como una forma de acoso que busca inhibir la protesta social y la organización comunitaria, una práctica que ya ha sido señalada ante instancias internacionales.
Además del componente político, Quintana subraya que en los casos de mujeres indígenas se cruzan factores de racismo y clasismo. Defender derechos, alzar la voz y ocupar el espacio público sigue siendo castigado cuando quienes lo hacen son mujeres indígenas, pobres y organizadas, lo que revela una violencia estructural.