Eric Silva Hernández, diputado local de Morena, acompañado de organizaciones de transportistas, presentó una iniciativa de ley para la creación de una plataforma digital para regular el servicio de grúas en el estado, desde el arrastre, salvamento, guarda y depósito de vehículos y sus concesiones, al denunciar abusos por parte de las empresas y de las autoridades.
La iniciativa para reformar la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro, contempla la creación del Sistema Informático Estatal de Servicios Auxiliares de Transporte (SIESAT), con el objetivo de transparentar tarifas, eliminar discrecionalidad en la asignación de servicios y sancionar tanto a concesionarios como a autoridades involucradas en irregularidades.
Tarifas y servicio
La plataforma digital permitirá registrar en tiempo real cada servicio de arrastre, salvamento, guarda y depósito de vehículos, incluyendo distancia recorrida, maniobras realizadas y duración del servicio. A partir de estos datos, el sistema calculará de manera automática el costo máximo autorizado con base en tarifas oficiales, con lo que se busca evitar cobros arbitrarios.
De acuerdo con la propuesta, el SIESAT también permitirá generar evidencia documental de cada servicio y, en caso de fallas tecnológicas o falta de conectividad, los prestadores deberán documentar las operaciones mediante reportes y evidencia fotográfica que serán validados posteriormente por la autoridad.
«Que le den una aplicación; es, yo creo, la manera más económica de poder tener un mecanismo de control. Yo creo que hoy en día todos tenemos un teléfono celular en el cual podemos bajar una aplicación y poder estar prestando, en este caso los prestadores de servicios, como en el caso de los usuarios, porque sería una aplicación que funcionaría para ambos. Es decir, el usuario podría revisar cuánto es la tarifa que tiene que cobrarle y en este caso los prestadores de servicio de la misma manera reportar el incidente e incluso en áreas que tengan cobertura de internet poder reportarlo en tiempo real. Y también ya sabemos que hay lugares en donde no hay internet y ahí nosotros le estamos dando un plazo de tres días para que puedan subir el informe a esta plataforma, pero que se documente correctamente, fotografías y todo lo que se tenga que hacer. Ahora, al tratarse de una plataforma digital la inversión que pudiera llegar a hacerse no es mucha, esa es la realidad. Tendríamos que revisar a ver cómo le podemos hacer, pero, en Guanajuato ya lo hacen y no les representa una merma en su vasto presupuesto que en teoría existe. Entonces creo yo que eso es algo que al menos el tema económico bien lo vale», resaltó Eric Silva.
Automatización
La iniciativa incluye además la implementación de un sistema automático y público de roles de guardia, que asignará los servicios entre concesionarios de forma equitativa y transparente, eliminando la discrecionalidad de los agentes de tránsito en la selección de grúas. Esta medida pretende frenar posibles actos de favoritismo o corrupción, así como impedir la operación de unidades sin concesión.
En materia de sanciones, se plantea endurecer las medidas contra concesionarios que cobren por encima de las tarifas autorizadas, con suspensiones de hasta 90 días e incluso la revocación de la concesión en caso de reincidencia. También se contemplan responsabilidades administrativas para servidores públicos que incurran en irregularidades o favorezcan prácticas ilegales.
Problemática presente
Por su parte, representantes de organizaciones transportistas señalaron que la iniciativa responde a una problemática presente en el estado y a nivel nacional, caracterizada por cobros excesivos, falta de transparencia en tarifas, uso de grúas irregulares y presunta complicidad de autoridades en la asignación de servicios.
También expusieron que estas prácticas afectan tanto a transportistas como a ciudadanos particulares, quienes enfrentan costos desproporcionados por servicios básicos, además de procesos administrativos complejos para recuperar sus vehículos.
Concejo Ciudadano
El proyecto también incorpora la creación de un Consejo Ciudadano de Vigilancia, integrado por usuarios y concesionarios, que tendrá facultades para supervisar el cumplimiento de la ley, recibir denuncias y dar seguimiento a posibles abusos tanto de operadores como de autoridades.
Asimismo, se establece un procedimiento formal para la presentación de quejas ante la Agencia de Movilidad, con un plazo de hasta 30 días hábiles para que los usuarios puedan denunciar irregularidades, así como mecanismos para que concesionarios reporten actos de competencia desleal o asignaciones fuera del sistema.